El Gobierno defendió el ajuste en Educación y Cultura, y admitió que habrá modificaciones

En una exposición sobreideologizada, mezclando los conceptos de «casta» y «libertad» para justificar la destrucción de decenas de políticas – muchas, históricas – culturales, educativas, de niñez y diversidad, La Libertad Avanza avanzó en su día 3 del debate de la Ley Ómnibus. Participaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y el de Cultura, Leonardo Cifelli, que recibieron un tendal de cuestionamientos de parte de la oposición que llevaron, al igual que el día anterior con la reforma electoral, a que varios comenzaran a deslizar que el capítulo referido a Educación y Cultura no terminaría teniendo el número para ser aprobado. Al igual que ocurrió en todas las exposiciones informativas de los funcionarios de Javier Milei hasta ahora, los tres reconocieron que había artículos de la Ley que serían modificados.

Recorte a la cultura

«No hay plata no es un lema, es la realidad. Necesitamos gestión eficiente de los recursos. Javier Milei asumió con la promesa de reconstruir la Argentina grande, el camino es claro: casta o libertad. Esta ley es condición necesaria. Tenemos que revisar una estructura que no solo no funciona, sino que es deficitaria», comenzó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el Anexo de la Cámara de Diputados, preparándose para defender el articulado de la ley que, entre otras cosas, elimina el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), desfinancia el INCAA y desregula la venta de libros. «El plan cultural que abarca este proyecto demuestra los valores de la libertad, transparencia, eficiencia y progreso. Nos encontramos con entes centralizados enormes con más puestos de trabajo que funciones. Con gasto público, no con inversión», se quejaba, aunque hizo un anuncio: el FNA y el INT continuarían existiendo, aunque como «programas» de la Secretaría de Cultura.

«Desfinanciamiento del INAMU, eliminación del FNA, eliminación de la cuota pantalla para producciones nacionales, eliminación financiamiento de bibliotecas culturales. Esto es un plan cultural de demolición de la cultura», lo cruzó, con dureza, el socialista santafesino, Esteban Paulón. No fue el único: la izquierda, Unión por la Patria, incluso el radicalismo y la Coalición Cívica salieron a cruzarlo. «Es incomprensible estar dando este debate sobre el desfinanciamiento de la cultura en el marco de una crisis de esta naturaleza porque la mayoría son institutos que se autofinancian y tienen la capacidad de financiar cientos de miles de puestos de trabajo», cuestionó Leandro Santoro (UxP), a quien todos saludaban porque era su cumpleaños, y remató: «¿Encontraron algún referente de la cultura que apoye esta modificación? Se han expresado artistas de todas las miradas ideológicas de la Argentina. ¿Por qué rompen lo que funciona?».

No se escuchaban, casi, voces de respaldo. Había algunos como Hernán Lombardi (PRO) que cuestionaba que «cada peso que se gasta en burocracia es un gasto que no llega a los argentinos», aunque incluso él, como Silvia Lospenatto (PRO), propondría algunas «sugerencias» para mejorar la ley. El pasilleo de la sala, sin embargo, estaba repleto de diputados opositores que, en cambio, conversaban entre sí y coincidían: «Este capítulo hay que eliminarlo de una. No se salva nada».

En concreto, en el semáforo que están trabajando en los bloques de oposición «amigable» – como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal (la heterogénea bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto) – para plantearle al oficialismo qué temas son «aprobables» y cuales no, el capítulo de Cultura aún está en veremos. Sí hay objeciones concretas a las reformas educativas o de Niñez, pero la parte de Cultura aún se está analizando: hay voces muy críticas en cada bloque opositor, pero todavía no lograron acordar una propuesta común.

Educación y vouchers

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue más jocoso, intercambiando chistes y chicanas entre la defensa del plan de reforma educativo, aunque advirtiendo, una vez más, que incluirían modificaciones. Uno fue el caso de homeschooling:  «Hemos propuesto algunos cambios al proyecto como llegó en primera instancia, que tienen que ver con precisar que la cuestión clave está en la hibridez. Sin duda la educación presencial es clave, quedó demostrado, pero también es cierto que debe estar progresivamente integrada con el entorno virtual y hay mucha experiencias positivas donde se complementa la educación presencial», comenzó a explicar, luego de varias críticas que habían surgido hasta dentro de sectores del PRO.

Consultado por Daniel Arroyo (UxP), Torrendell se apuró a aclarar que el gobierno nacional no tenía planeado implementar un sistema de vouchers, a contramano de lo que había prometido Javier Milei durante la campaña: «No hay ninguna política encaminada hacia el sistema de voucher. Tampoco el sistema de financiamiento actual, simplemente porque nosotros financiemos la oferta, resulta justo y equitativo», sostuvo.

«¿Cómo piensan garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales con un presupuesto prorrogado que ya era de ajuste y que ahora con una inflación del 200 por ciento implica cancelar el funcionamiento de las mismas», arremetió, por otro lado, Romina del Pla (PO), quien cuestionó también la decisión de implementar un «examen de egreso» para los alumnos que terminaban el secundario. «Si logramos financiamiento del Partido Obrero, me gustaría viajar con usted a China y a Cuba para ver qué hacen con la evaluación y con los exámenes en esos países», le respondió, a modo de chicana, Torrendell. Se le acercó después el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, y le dijo al oído: «No dialogues porque, si no, no terminás más, y menos con la izquierda».

Reformas en Niñez e Infancia

El secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, mientras tanto optó por defender la modificación de la Ley de Mil Días, que tiene como objetivo acompañar a las personas gestantes y a sus hijes en los primeros tres años de vida (fue la ley que sancionó a la par de la de Interrupción Voluntaria del Embarazo). El proyecto deja de hablar de «personas gestantes» y se refiere a «madres», y comienza a referirse a la idea de «niño por nacer». «El niño por nacer es para visibilizar. Si atendemos a ese tipo desde nacimiento perdimos nueves meses», insistió el funcionario del Ministerio de Capital Humano. Su principal funcionaria, Sandra Pettovello, sin embargo, no se dignó a aparecer.

«No hay ningún avance sino que hay grandes retrocesos», denunció Victoria Tolosa Paz (UxP), que advirtió que sacar la política de la órbita del Ministerio de Salud era «el retroceso más importante».

La media que recibió más críticas, sin embargo, fue la modificación de la Ley Micaela sobre capacitaciones en violencia de género (que el proyecto pasa a denominar «violencia familiar»). «Es una ley noble que no ha dado resultados», desdeñó De la Torre, llevando a que varias diputadas, incluso algunas semi oficialistas, como María Eugenia Vidal, salieran a cuestionar que se redujera la cantidad de funcionarios que estaban obligados a recibir la capacitación. «No es un capricho la Ley Micaela y el tema de la violencia de género no es un tema de mujeres nada más. Es volver 14 años atrás», le reprocho Carla Carrizo (UCR).

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