Multimedios San Pedro La voz del pueblo – Chavarria Corrientes Argentina
El proyecto de Ley del Presupuesto prevé aumentos nominales por debajo de la inflación para el año que viene, pero el ajuste podría ser aún mayor. Sostener el financiamiento educativo se perfila como uno de los desafíos centrales para el próximo gobierno
Cada vez que se debate la Ley de Presupuesto, los expertos en educación ponen el foco en las partidas destinadas al sistema educativo, para analizar si habrá incrementos –como lo exige la ley, que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en educación, una meta incumplida en 13 de los últimos 14 años– o recortes. Este año, la pregunta es más bien cuál será la magnitud del ajuste. En ese sentido, la defensa del presupuesto educativo seguramente sea uno de los principales desafíos que enfrentará Carlos Torrendell, el secretario de Educación de la Nación a partir del 10 de diciembre.
Mientras el presidente Javier Milei anunció un recorte de 15 puntos del PBI en el gasto público y dos años de estanflación (estancamiento e inflación), el proyecto de Presupuesto 2024 elaborado por el actual oficialismo también implica un ajuste para la educación. El proyecto establece un aumento nominal del 60,9% de los recursos para el Ministerio de Educación de la Nación (a partir de diciembre, «secretaría») con respecto a 2023.
Imaginando que la inflación en 2024 fuera del 70% –la cifra que utiliza el proyecto oficial–, el ajuste sería de 10 puntos porcentuales. Si, como es esperable, la variación de precios se ubicara en niveles más altos –la OCDE, por ejemplo, proyecta un 157%–, la reducción sería muchísimo mayor. Para el conjunto de la Administración Pública Nacional, el incremento nominal (es decir, sin considerar la inflación) de los recursos será del 82,8% con respecto a 2023.
El informe «Presupuesto educativo nacional 2024″, del Observatorio de Argentinos por la Educación, analizó el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 que se está debatiendo en el Congreso, teniendo en cuenta tanto el gasto del Ministerio de Educación nacional como los gastos educativos de otros organismos de la Administración Pública Nacional.
Elaborado por Javier Curcio (investigador de la UBA y el Conicet), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, el documento muestra que, aun antes de que empiecen los recortes que impulsa La Libertad Avanza, el proyecto que envió el actual Poder Ejecutivo al Congreso ya prevé una caída de la participación del Ministerio de Educación en el presupuesto nacional el año que viene.
Sin embargo, resulta muy difícil estimar hoy, a 9 días del cambio de gobierno, cómo seguirá financiamiento educativo. «La coyuntura macroeconómica de alta inestabilidad torna compleja la evaluación presupuestaria y transitorias las conclusiones del informe, que dependerán de la evolución de las variables», señaló el economista Juan Ignacio Doberti, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
Para Doberti, «la menor certeza hace más necesaria la exposición clara de la información, puesto que para la futura aprobación del presupuesto nacional debe contarse con datos más desagregados y precisos que ayuden a comprender el destino de los fondos».
Según el actual proyecto de ley de Presupuesto, en 2024 el Ministerio de Educación recibirá el 5,34% de los recursos nacionales: una caída con respecto al 6,02% de 2023. De todas maneras, se mantiene como el 5° ministerio con mayor presupuesto. Más de la mitad de los recursos serán para las universidades (55,4%), seguido del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y compensaciones salariales (14,2%), y las becas a estudiantes (11,8%).
En este momento el Congreso argentino debate dos leyes relacionadas con la inversión educativa. Por un lado, la ley de presupuesto. Por el otro, el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que propone aumentar la inversión actual y llevarla hasta el 8% del PBI, aunque desde 2010 solo hubo un año –el 2015– en que se cumplió la meta legal actual del 6%. Las iniciativas apuntan en direcciones opuestas: la primera reduce recursos, la segunda –cuya aprobación es incierta– prevé aumentarlos.
En los últimos 10 años, la inversión nacional en educación alcanzó un máximo histórico en el año 2015, cuando representó el 1,59% del PBI. Los mayores retrocesos se registraron en 2018 (cuando cayó al 1,28%) y en 2019 (cuando tocó un mínimo de 1,08% del PBI). En los últimos cuatro años la inversión volvió a crecer hasta alcanzar un 1,34%, según lo previsto para el cierre de 2023. Si bien mejoró, la cifra aún se ubica por debajo de los niveles previos al ajuste de 2018.
La inversión nacional en educación representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias, que son las responsables directas de la educación obligatoria (desde nivel inicial hasta secundaria). Por otro lado, las universidades públicas dependen completamente del financiamiento nacional.
«El rol dominante del ministerio nacional es el de financiar a las universidades. En promedio, más de un 80% del presupuesto de estas entidades depende de dichos fondos. Por lo tanto, son muy sensibles a las variaciones que ocurren año a año. El presupuesto nacional presentado para 2024 muestra una variación nominal apenas superior al 53,2% en relación con el año que termina. Esto implica enfrentarnos a una gran incertidumbre futura, dado que la inflación del período más que duplicará dicho guarismo», plantea Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Di Tella.
Además de esta situación, continúa Rabossi, «la baja del impuesto a las ganancias y devolución del IVA para ciertos sectores junto al anunciado recorte fiscal que efectuaría el gobierno entrante en 2024 pone a las universidades en una situación financiera más que incómoda y con riesgo cierto de que continúen desfinanciándose».
Para Agustín Claus, especialista en Economía de la Educación de FLACSO, la gran incertidumbre es qué decisión tomará el presidente electo Milei: «Eventualmente podría enviar un nuevo proyecto de ley con readecuación de las partidas presupuestarias, o bien prorrogar el presupuesto vigente 2023 para 2024, lo que implicaría un ajuste de la magnitud de la inflación acumulada durante todo 2023. Ninguna de las opciones permite esperar una expansión de la inversión a cargo del Estado nacional».
«La incertidumbre reinante en el país desdibuja la capacidad de planificación enmarcada en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado al Congreso Nacional para 2024. Ello se combina con una restricción del espacio fiscal esperada para los próximos meses de enorme magnitud», señala Javier Curcio, coautor del informe.
En ese contexto, sostiene Curcio, resulta fundamental «generar acuerdos que permitan priorizar la inversión en educación que implementará el gobierno nacional en los próximos meses y coordinarla de manera adecuada con las provincias en la complementariedad de sus funciones, buscando optimizar los resultados para que el sistema educativo apuntale las posibilidades de recuperación, crecimiento y desarrollo del país».
Fuente: Infobae
COMPARTIR
