Multimedios San Pedro La voz del pueblo – Chavarria Corrientes Argentina
Como ocurre todos los años el Poder Ejecutivo provincial recortó el dinero proyectado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ): $92.631.953.599; solamente habilitó para 2024: $68.067.636.422. Los integrantes de la Corte provincial expresaron que lo estipulado por el Gobierno «es dejar al Poder Judicial sin los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos”.
El año 2024 será como todos los anteriores desde hace casi diez, la Justicia provincial se quedará sin dinero antes de culminar ese ejercicio económico. Por qué: porque el gobernador volvió a recortar los recursos para el Poder Judicial.
Incluso ahora, antes de culminar 2023 la Justicia correntina debe pedir partidas presupuestarias de manera mensual para poder al menos pagar salarios de sus trabajadores y funcionarios.
Para el presupuesto 2024 el gobernador autorizó destinar a la Justicia correntina $68.067.636.422. Pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) organismo integrado por los cinco jueces y el titular del Ministerio Público que conducen el Poder Judicial, proyectaron $92.631.953.599.
Se trata de un 27% menos y mantiene la política de recorte sistemático de recursos por parte del Poder Ejecutivo al judicial.
La poda no solamente lo que deberían ser actualizaciones salariales a lo largo del año que viene, también impactará en el funcionamiento del sistema judicial. Habrá menos recursos para optimizar dependencias, adquirir tecnología e instrumental para dinamizar el servicio de Justicia. Uno de los principales reclamos de la ciudadanía.
También sin dinero no se podrán instrumentar las nuevas reglamentaciones de códigos y leyes, sobre todo, penales en la provincia.
STJ
Los integrantes del Superior Tribunal argumentaron que aprobar un cálculo de gastos, sin ponderar la participación mínima del Poder Judicial en los recursos generales de la Provincia, del 6,27%, que establece la ley de autarquía financiera, con una tasa de inflación para el periodo 2024 de un 60%, sin un detenido análisis, «es dejar el Poder Judicial sin los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos».
Consideran que el mecanismo de compensación para aliviar el desfase, previsto en la Ley de Presupuesto, faculta al gobernador a distribuir los mayores recursos de coparticipación y administrar los del Poder Ejecutivo, pero no así los del Poder Judicial.
En esa línea, agregan debería también observarse en ese aspecto la manda del Art- 192 de la Constitución y Arts. 5, 6 y 11 de la Ley de Autarquía Financiera y los concordantes de la ley que regula la aplicación de excedentes por aumento de recaudación o ingresos de recursos de la provincia por efecto de la inflación.
Los ministros opinan que «si no se respetan estos parámetros, se estaría comprometiendo seriamente la independencia y autonomía del Poder Judicial, su autarquía financiera, así como la intangibilidad de los haberes de magistrados y funcionarios y el derecho de propiedad de todos los empleados del Poder Judicial que el Superior Tribunal tiene el deber de garantizar».
“Todo lo señalado, constituye una cuestión esencial y se vincula con la independencia del Poder Judicial, porque refiere a uno de los principios rectores sobre los que constitucionalmente reposa la división de poderes que sustenta el sistema republicano de nuestro país y en términos financieros la independencia del Poder Judicial, se torna efectiva, sólo cuando este Poder del Estado puede disponer plenamente de recursos presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus facultades de gobierno del Poder Judicial Provincial”.
Invertir para un buen servicio de Justicia
El Anteproyecto aprobado por la Justicia fue elaborado en base a pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados.
Así, se tiene presente entre otras pautas, el nuevo Código Procesal Penal instaurado por Ley Nº 6518, la oralidad de
los procesos penales y la reorganización del Ministerio Público Fiscal por Ley Nº 6640 y de los
juzgados de Garantías.
También los nuevos Códigos Procesal Civil Ley Nº 6556, de Familia Niñez y Adolescencia Ley Nº 6580 y la oralidad de los procesos civiles; la implementación de 3 dependencias judiciales y de 34 dependencias del Ministerio Público; y el refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos
y la inclusión de personas con discapacidad, la profesionalización de la gestión administrativa y
jurisdiccional como parte de un plan de acción estratégica.
Además se proyecta la continuidad en la incorporación de TICs (con innovación tecnológica) en la Gestión Jurisdiccional y Administrativa (auto-gestión) y de la eliminación del expediente-papel consolidando los Sistemas de Grabación de Audiencia Y de Digitalización del Archivo Central; así como un ambicioso plan de obras públicas que contempla la
implementación de los nuevos Códigos.
