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La canciller es accionista del banco Roela. Desde su entorno rechazan el presunto «conflicto de intereses».
El presidente Javier Milei y sus nueve ministros firmaron la semana pasada el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que apunta a desregularizar la economía mediante la derogación o modificación de varias normas y leyes. Dentro de los sectores en los que habrá cambios se encuentran la energía, la minería, la industria, el comercio, el sector inmobiliario y las finanzas.
En cuanto a las finanzas, “el DNU elimina el tope de tasa que los Bancos le cobran a los comercios, quita el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés. A la vez, omite la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para el empleado (figuraban de forma expresa hasta ahora) y abre la puerta a la privatización del Banco Nación”, enumeraron en Ámbito.
Sobre este último punto, el medio destacó la firma de Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien según información que publica el Banco Central, es accionista mayoritaria del banco Roela, junto con su hermano Guillermo Mondino.
“Un informe del 15 de diciembre de este año de la agencia de calificación de riesgo Evaluadora Latinoamericana refleja que la mayoría del capital de la empresa continúa en manos de los hermanos Mondino por partes iguales”, aseguraron en Ámbito sobre Mondino.
Incluso, el sitio del Banco Central informa que, al momento de firmar el DNU, Mondino continuaba siendo accionista mayoritaria del banco Roela con el 49,61% del capital, mismo porcentaje que su hermano, mientras que el 0,78% restante está en manos de accionistas agrupados. Fuentes del Banco central confirmaron al periodista Andrés Lerner que hasta ayer a la medianoche “no se había registrado ningún cambio en la composición accionaria”.
Piden que Diana Mondino se excuse por «conflicto de intereses»
A pesar de que en la mayoría de los puntos del decreto la Cancillería no tiene incidencia directa, Mondino tuvo que poner la firma porque el artículo 99 de la Constitución determina que los DNU “serán decididos en acuerdo general de ministros y deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de ministros”.
Desde el entorno de la ministra rechazaron la idea de un potencial conflicto de intereses y aseguraron que hasta ahora los bancos están entre los perdedores del modelo Milei por la eliminación de las Leliq y la baja de tasas que redundó en que durante la última colocación del Tesoro las entidades reciban un interés más bajo del que pagan a los ahorristas por los plazos fijos.
Ezequiel Nino, especialista en temas de transparencia y cofundador de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), afirmó que “de acuerdo con las reglas vigentes de conflictos de intereses, la canciller debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU vinculadas a la actividad bancaria en la cual tiene interés patrimonial”.
Otra fuente judicial le dijo al mencionado medio que “siempre los efectos posteriores son contrafácticos, pero ese no es el punto, el punto es que está legislando sobre una cuestión de la que ella es parte interesada”.
Lerner analizó en su nota que “la eliminación del tope de intereses punitorios y la eventual privatización del Banco Nación podrían favorecer a las entidades financieras privadas, pero no es menos cierto que la desregulación también podría implicar una mayor competencia con las fintech, ya que abre el juego a que los empleadores puedan depositar salarios allí. En cualquier caso, que Mondino firme un decreto con consecuencias en la regulación del sector bancario siendo ella misma accionista mayoritaria de un banco abre interrogantes”.
Por otro lado, desde la fundación especializada en transparencia Poder Ciudadano, señalaron que “es una situación a prestarle atención” y agregaron que “la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses”.
El origen del banco Roela
Roela fue adquirida por Víctor Mondino en 1961 cuando era una una clínica y compañía financiera constituida por un grupo de profesionales médicos. En 1978, logró los permisos para consolidarla como una entidad bancaria. Según su página web, la firma trabaja “desde hace más de 60 años para encontrar las soluciones adecuadas a la realidad de cada persona, empresa, negocio” y se caracteriza por una política “prudencial”.
Diana Mondino fue presidenta del banco y también ocupó diversas posiciones dentro de la cúpula. En el último recambio de autoridades la ministra fue removida del directorio. No obstante, conservó la mayoría accionaria y su esposo, el exsecretario de Política Económica Eugenio Pendás quedó como director suplente.
El término “conflicto de intereses” volvió a tomar protagonismo entre los años 2015 y 2019, cuando directivos de empresas relevantes en distintos sectores de la economía ocuparon cargos jerárquicos dentro del Estado y tomaron decisiones que fueron cuestionadas judicialmente. La ley que regula estos casos es la de “ética pública”, la 25.188. Entre otras cosas, dice que los funcionarios no deben “recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”.
