Seis millones de jubilados y pensionados cobran menos de $200.000 y no llegan a cubrir la canasta básica

Dentro de este grupo que recibe un haber debajo de los $200.000, hay casi 4 millones que cobran apenas por encima de la mínima y por ende, no están alcanzados por el último bono de $55.000 que anunció el 2 de enero el ministro de Economía, Luis Caputo. En su caso, la ayuda económica adicional será de la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $160.712. Ese bono de enero se sumó al del mismo valor de diciembre, un beneficio que había sido anunciado en octubre pasado por el entonces titular de la cartera económica, Sergio Massa, para los últimos dos meses del año.

Al pararse sobre cada rango en el gráfico, se despliega la cantidad de beneficiarios y el porcentaje que accedió por moratoria

Sin embargo, la ayuda que podría implicar ese bono va perdiendo valor con la espiral inflacionaria. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política (CEPA), advirtió que al congelarse el monto para el mes de enero, «con una inflación de 25% estimada, los $55.000 quedan unos $15.000, por debajo del equivalente actualizado por variación de precios. De hecho, la gestión anterior había prometido $65.000 para enero y $70.000 para febrero».

 Por otro lado, este tipo de ayudas otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma discrecional terminan provocando un achatamiento de la pirámide de haberes. El abogado especializado en temas previsionales Adrián Tróccoli sostuvo, en ese sentido, que «el problema con todos los bonos y extras anunciados con bombos y platillos en la gestión de Alberto Fernández es que fueron solo a las jubilaciones mínimas, y no tuvieron en cuenta los haberes del resto de los jubilados, lo que agrava la distorsión ya generada por las subas diferenciadas otorgadas en 2020″, cuando el entonces presidente suspendió la fórmula de movilidad vigente en ese momento.

Como publicó ayer Infobae, la cantidad de jubilados y pensionados en Argentina viene experimentado un sostenido incremento desde 2006. Mientras que en 2005 eran 3.165.336, en 2007 pasaron a ser 4,4 millones de beneficiarios. La cifra siguió en ascenso, básicamente por la sucesión de moratorias dictadas desde 2003 en adelante, que les permitió a muchas personas que no contaban con los años de aportes requeridos obtener una jubilación mediante un plan de pagos.

Hoy, el 58% de los jubilados y pensionados accedió al sistema mediante algún tipo de plan de regularización de deuda, es decir, no contaba con la cantidad de años de aportesrequerida. Esta expansión del sector pasivo contrasta con el creciente déficit financiero que enfrenta el sistema previsional del país, en un contexto de alta informalidad laboral, que reduce los aportes de los trabajadores registrados, y la mayor longevidad de la población adulta mayor que depende de un haber para vivir.

Quiénes cobran más que la máxima

El indicador de movilidad jubilatoria de diciembre, al mismo tiempo que fijó la mínima en $105.713, estableció el haber máximo en $711.346. Dentro de este rango, está el 99,4% de los jubilados y pensionados (6.863.332 ). Pero otros 40.000 jubilados y pensionados reciben un haber por encima del máximo, de acuerdo a los últimos datos disponibles a septiembre de 2023 del Boletín Estadístico de la Seguridad Social. «En 1995, se fijó en la Ley de Solidaridad Previsional un tope a la jubilación máxima. En ese momento estaba en $3.100. pero esos topes se quedaron muy atrás. El haber máximo ya fue declarado inconstitucional por la Justicia en numerosas oportunidades. Pero la ANSES no paga haberes de los rangos más altos y los beneficiarios tienen que cobrarlos con medidas judiciales», explicó Tróccoli.

Según el análisis de Infobae de los rangos de haberes, casi 16.000 beneficiarios cobraban entre $700.000 y $800.000 a septiembre último, y otros 24.000, más de $800.000. Un grupo de 10.700 jubilados y pensionados recibía un haber mensual de más de $1 millón. Si bien los montos son muy superiores al haber promedio, al tratarse de una cifra relativamente baja de beneficiarios, no representan una erogación alta para el Estado.

El motivo de esas jubilaciones más altas es que se liquidan por sistemas previsionales específicos, por fuera del régimen general de reparto que establece 30 años de aportes y la edad jubilatoria de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Así, por ejemplo, mientras que el 86% de los jubilados y pensionados del régimen general cobraba menos de $200.000, el 23% de los casi 7.490 jubilados y pensionados del Poder Judicial y el 38% de los 654 retirados del Servicio Exterior percibía más de $2 millones.

El SIPA comprende tanto a los trabajadores que desarrollan actividades en relación de dependencia dentro del sector público y privado, como a los autónomos, monotributistas y aquellos que se desempeñan dentro del Régimen de Casas Particulares. Si bien la gran mayoría está comprendida en el sistema general, un porcentaje minoritario se rige por diversas normativas. En el SIPA existen 8 tipos de regímenes especiales y se diferencian porque otorgan un beneficio igual al régimen general, pero cuentan con menos requisitos de edad para jubilarse por implicar tareas consideradas insalubres, riesgosas o que generen vejez prematura; o porque requieren menos años de aportes; o permiten obtener jubilaciones en mejores condiciones, con un porcentaje mayor para el cálculo del haber respecto del último sueldo, o una fórmula de actualización distinta.

A estos 8 regímenes pertenecen 288.596 jubilados y pensionados que representan al 4% del total de jubilados y pensionados. De este total, los más numerosos son los que pertenecen al régimen de docentes no universitarios (177.438); Policías y servicios penitenciarios provinciales, cuyas cajas fueron transferidas a la Nación (48.241); Luz y Fuerza (33.532); docentes universitarios nacionales (10.599); Poder Judicial (7.490); investigadores científicos y tecnológicos (9.942); Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio (700); y Servicio Exterior (654).

Según el último informe de CIPPEC sobre el sistema previsional, publicado en septiembre pasado, actualmente existen «al menos 177 regímenes diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos con sus propias reglas, instituciones y mecanismos de financiamiento» que presentan «falencias de igualdad y sostenibilidad fiscal». De esa cifra, «175 no son autosustentables: son pagados con recursos del Tesoro (impuestos)». El trabajo cita al economista Rafael Rofman y advierte que la «excepcionalidad de este tipo de regímenes no es tal, ya que el 40% de los beneficios del sistema se paga en regímenes de excepción y sus haberes son, en promedio, un 85% más altos que en el régimen general». Sobre la creación de estos regímenes de excepción, el paper de esta ONG señala que «ha respondido más a demandas sectoriales que a una visión global del sistema previsional, lo que terminó por amplificar las inequidades hacia el interior del sistema».

Entre los jubilados y pensionados que cobraban por encima de $800.000, siempre a datos de septiembre último, el sector más numeroso es el del Poder Judicial (6.983) que incluye a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Los funcionarios judiciales hacen un aporte del 18% en lugar del 11% como en el régimen general, y lo hacen sobre el total que ganan, sin el tope de salario máximo sujeto a aportes fijado en 1993. El régimen de los funcionarios judiciales fue modificado en 2020, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, aunque esa reforma no alcanzó a quienes se jubilaron antes de su entrada en vigencia. Por eso, muchos jueces y fiscales presentaron su renuncia durante el debate legislativo del nuevo régimen jubilatorio.

Al jubilarse, los funcionarios judiciales cobran el 82% del promedio del sueldo de las últimas 120 remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a la categoría del cargo vigente al momento de cesar como magistrado. Antes de la reforma, ese porcentaje se computaba sobre la remuneración por el último cargo ejercido, y los hombres podían jubilarse a los 60 años. La norma sancionada en 2020 estipuló un escalonamiento hasta llegar a los 65 años para los hombres, a partir de 2025. Además, la nueva ley exige 10 años seguidos de desempeño en cargos alcanzados por el régimen especial, o 15 años de manera discontinua y, además, cumplir ese tipo de funciones al momento de jubilarse.

Le siguen en número entre los que perciben haberes por encima de esa cifra, el régimen de los docentes no universitarios (6.755) que alcanza al personal docente de los tres niveles de establecimientos públicos y privados, regido por la Ley 14.473 del Estatuto del Docente Nacional. También perciben el 82% móvil de la remuneración mensual que tenían al momento del cese o la del cargo de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado en su carrera docente por, al menos, dos años, pero su aporte es del 13%, dos puntos por encima del aporte del sistema general. Su régimen les permite jubilarse a los 57 años a las mujeres, y a los 60 a los hombres. Los 30 años de servicio docente se reducen a 25 si pasaron, al menos, 10 años al frente de alumnos. Y en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial, se computan 4 años por cada 3 de servicios efectivo.

Luego vienen los investigadores científicos y tecnológicos (2.354), que perciben el 85% de la remuneración del último cargo con un desempeño continuo de 24 meses. Como en la práctica se les aplica la movilidad del régimen general del SIPA, si bien arrancan con salarios altos, suelen quedan rezagados al avanzar en su carrera, lo que genera litigiosidad. Al igual que los docentes, el aporte que hacen mientras están en actividad es del 13% en lugar del 11%.

En cantidad de jubilados por régimen especial continúan los docentes universitarios nacionales (1.787), que tienen que tener 25 años de universitarios de tiempo completo, de los cuales 10 como mínimo continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos. Pueden optar, si así lo desean, por permanecer en la actividad laboral hasta los 70 años. Su jubilación es del 82% del cargo o sumatoria de cargos desempeñados al momento de jubilarse, por un mínimo de 5 años continuos o no de su carrera docente universitaria, y los aportes mientras están en la docencia son del 13%.

Con haberes superiores a $800.000, había en septiembre otros 590 miembros jubilados y pensionados del Servicio Exterior, cuyo régimen exige 65 años de edad para ambos sexos, 30 de servicio, de los cuales quince 15 deben haber sido continuos, prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior de la Nación, o 20 discontinuos. El aporte mientras están en actividad es más alto, del 18% como el de los jueces, y si bien antes se jubilaban con el 85% de la remuneración jerárquica más alta desempeñada por al menos 4 años, la reforma del sistema jubilatorio que impulsó Fernández en 2020, también los alcanzó y ese porcentaje se redujo al 82%.

También cobraban jubilaciones por encima de ese monto 145 ex policías y penitenciarios de las 10 provincias que transfirieron sus sistemas a la Nación. Con haberes por encima de la máxima figuran, además, 113 ex trabajadores o pensionados de Luz y Fuerza. Este régimen -que fue restablecido por una resolución del Ministerio de Trabajo en 2009, a cargo de Carlos Tomada – establece que la edad jubilatoria puede reducirse hasta los 55 años, a razón de 1 año menos de edad por cada 3 años de tareas riesgosas. Su régimen prevé un aporte del 13% y el haber jubilatorio puede ser entre el 70% y el 82% móvil, según la edad del trabajador, del promedio del salario de los últimos 12 meses,

Asimismo, hay 41 jubilados que cobran por el régimen de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, por haber sido trabajadores de esa mina de carbón ubicada en Santa Cruz, o maquinista, foguista o cambista de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Los que trabajan en la mina pueden acceder a la jubilación con 25 años de servicios a los 50 años, y los que desempeñan tareas ferroportuarias, deben tener 30 años de servicio y 55 años de edad para retirarse, en el caso de los varones, y 52 en el de las mujeres. Perciben un haber del 82%.

Por último, otras 5.245 personas que se jubilaron por normas anteriores a ley 24.241 o tienen beneficios ordinarios sin moratoria, también perciben haberes por encima del máximo.

Según los datos del SIPA, en la cima de la pirámide de haberes, a septiembre pasado, había 35 jubilados o pensionados que cobran más de 4 millones, de los cuales 28 eran ex funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del MInisterio Público Fiscal, y 5 investigadores científicos y tecnológicos. Un rango más abajo, figuran 474 beneficiarios que recibieron un haber de entre $3 millones y $4 millones, de los cuales 482 eran también del Poder Judicial y el resto, investigadores.

Otros 1.391 jubilados y pensionados percibieron entre $2 millones y $3 millones mensuales, en su mayoría también jubilados del Poder Judicial (1201) y del Servicio Exterior (248). Finalmente, 8.795 beneficiarios recibieron haberes de entre $1 millón y $2 millones. De este número, los tres principales grupos lo conforman los funcionarios judiciales jubilados (4.459), docentes no universitarios (1.441) y los investigadores científicos (994).

La fórmula de movilidad

Uno de los artículos del proyecto de Reforma del Estado que comenzó a analizarse la semana pasada en las comisiones de la Cámara de Diputados, y cuyo debate continúa hoy, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para fijar el incremento en los haberes y deja las actualizaciones en manos del Poder Ejecutivo. Así, los aumentos pasarían a estar fijados por decreto, «atendiendo con prioridad a beneficiarios de más bajos ingresos», según el texto del proyecto.

«A pesar de las reiteradas menciones del Ejecutivo sobre la necesidad de suspender la fórmula de actualización para mejorar los haberes de los jubilados, el MECON publicó un cuadro donde casi el 10% de la reducción del déficit fiscal correspondía a un ajuste de 0,4% en los haberes jubilatorios. Resulta entonces difícil imaginar una mejora de las jubilaciones suspendiendo la norma de actualización y preanunciando que el rubro previsional se reduce el gasto», advirtió Letcher, director del CEPA, ante Infobae.

«Por cierto, en el artículo 3 se declara la emergencia en seguridad social, lo cual equivale a definir en el futuro, no sólo sobre las actualizaciones, sino también sobre moratorias, años de aporte, edad jubilatoria, etc. Esta emergencia es parte de un conjunto más amplio: se declaran 11 emergencias (en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, más incluso que en la crisis de 2001) por dos años, prorrogables por otros dos años por el propio Poder Ejecutivo. Esto implica la absoluta delegación de poder del Legislativo al PEN por todo el mandato de Milei y el virtual cierre del Congreso», agregó Letcher.

La suspensión de la fórmula de movilidad incluida en la «ley ómnibus» es uno de los puntos del proyecto que genera mayor resistencia en los aliados de Milei en el Congreso, que conforman las bancadas del PRO y la UCR. Si bien estarían dispuestos a suspender la fórmula de movilidad actual y facultar al Presidente a definir aumentos por decreto, como propone el proyecto, quieren agregar una cláusula que garantice que las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Pero cerca del Presidente argumentan que el manejo del gasto previsional es clave para el control del déficit, y que poder controlar su aumento por decreto puede ayudar a anclar las expectativas inflacionarias.

Los aumentos de las jubilaciones actualmente se realizan de forma trimestral a partir de una fórmula de movilidad que se modificó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando pasó a un cálculo que ataba los aumentos a la inflación y la suba de los salarios. Alberto Fernández la suspendió y, en 2020, aplicó subas por decreto. En 2021, comenzó a aplicarse una nueva fórmula sancionada en el Congreso que contempla el ajuste de haberes según la evolución de los salarios y la recaudación de la ANSES destinada a la seguridad social, pero no tiene en cuenta la inflación.

«La ley impulsada por Macri tenía el problema de un atraso importante entre la medición y el pago, en un contexto de inflación creciente. Tomaba dos índices, el salarial y la inflación, pero el IPC lo medía de enero a marzo, y lo pagaba en septiembre. El pago con seis meses de atraso, con una inflación del 100%, significó una quita significativa al jubilado, de alrededor del 18%. Después, con los aumentos por decreto de Fernández, en 2020, los jubilados perdieron entre 1% y 9% contra la inflación. Esos aumentos fueron más altos para los haberes más bajos, y menores para las jubilaciones más altas. Con la nueva ley de movilidad, el 2021 dio bien pero, en 2022 y 2023, los jubilados volvieron a perder. Si se toma el cambio de la movilidad en 2017 hasta ahora, a los jubilados le quitaron el 50% de su valor jubilatorio», concluyó Tróccoli.

Fuente: Infobae