Multimedios San Pedro La voz del pueblo – Chavarria Corrientes Argentina
Hizo transferencias a familiares y compró electrodomésticos. El gobierno de San Luis allanó su casa, secuestró celulares y la imputó por defraudacion al Estado. Ella y sus familiares deben pagar para evitar ir a prisión.
Verónica Acosta esperaba que le depositaran la cuota alimentaria su ex pareja, pero cuando fue a revisar su cuenta se encontró con un monto que no esperaba. La sorpresa fue tan grande como la suma que sus ojos vieron: 510 millones de pesos.
En ese momento no se puso a pensar en el origen del dinero, ni si se había tratado de un error aunque adentro suyo lo intuía. No hubo dudas y en pocas horas gastó lo recibido : compró alimentos, adquirió electrodomésticos y además, ayudó a familiares.
En menos de 48 horas, el gobierno de la provincia de San Luis congeló su cuenta, allanó su casa, incautó celulares de sus hijos y la imputó por defraudación al Estado. Ahora, ella y otras cinco personas (familiares y allegados) deben pagar $30 millones cada uno en fianza para evitar la prisión.
«No somos ladrones. Si el Gobierno se equivocó, ¿por qué pagamos nosotros?», dijo Acosta sobre la insólita situación. Como era de esperarse, muchos internautas reaccionaron en redes y opinaron sobre lo sucedido.
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Según relató Acosta, en su cuenta esperaba un depósito de $8.000 del padre de su hijo. Al ver el dinero acreditado, pensó que se trataba de $500 mil, y solo después entendió que eran millones: “Fui a hacer compras y ayudé a mi familia”.
La mujer realizó 66 transferencias a parientes y usó parte del dinero para adquirir:
Una heladera
Dos televisores (uno para su cuñada)
Una freidora
Un microondas
Cerámicos para su vivienda
Un auto Ford Ka modelo 2014-2015
Según su testimonio, muchos de esos bienes ya fueron devueltos voluntariamente.
Por otra parte, el contador que realizó la transferencia fue quien luego denunció el error. Según la defensa, no pesa ninguna imputación sobre él hasta el momento.
En esa línea, es importante que el Gobierno de San Luis recuperó el 90% del dinero, donde parte fue devuelta voluntariamente y el resto está siendo rastreado por billeteras virtuales.
Desde Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no fueron respondidos. «La buena fe hay que demostrarla con hechos», señaló Ávila.
La defensa, sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a los acusados como «personas humildes, sin antecedentes, con domicilio» que «nunca actuaron de mala fe». Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un «error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes».
Según el abogado, Verónica Acosta «nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada» antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación «cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado».
Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran «exorbitante e imposible de cumplir». La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. Esto suma un total de 180 millones de pesos.
