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El fallo de la Justicia obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación. Son 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido.
La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut tras el reclamo del gobernador Ignacio Torres. El fallo dictado por el Juzgado Federal de Rawson n° 1, a cargo del juez Hugo Sastre, obliga al Gobierno a que devuelva los fondos de coparticipación que había retenido.
El fallo resuelve el «cese de la retención que – en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial – la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».
En cuanto a la deuda de la provincia con el Estado, indican “exhortar a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
El conflicto inició luego de que el Estado nacional retuviera 13.500 millones de pesos de la provincia a modo de cancelación de una deuda. Como respuesta, el gobernador Torres aseguró que retendría el envío de petroleo si el Gobierno no le transfería esa suma.
Torres había reclamado a la Justicia el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado Nacional para que «cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos».
«Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94», sostenía la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.
En la demanda se reclamó hacer cesar «la retención automática de fondos coparticipables» que «son utilizados como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables», según el texto al que tuvo acceso Télam.
La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal. A media mañana, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el Juzgado Federal 1 de esa ciudad es competente para intervenir en el caso, postuló que debe admitirse «formalmente la medida autosatisfactiva» pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver.
En la demanda se reclamaba también que se ordenara al Estado Nacional «renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER».
En concreto se pedía aplicar «una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos».
En su defecto, se solicitaba autorizar a la provincia a tomar «un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera».
El gobierno de Chubut había reclamado en el escrito que se ordenara al Estado Nacional «hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia».
A lo largo de la demanda se explicó en relación a la deuda que «la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $124.565.021.767,23 para el presente año 2024».
«Atendiendo a la gravedad de la situación, ya desde el mes de diciembre de 2023 la provincia del Chubut viene realizando reiterados pedidos de refinanciación -demostrativa de su manifiesta voluntad de pago-«, agregaba y se remarcaba la «necesidad imperiosa de proceder a su cancelación en condiciones que no tornen de imposible cumplimiento la satisfacción de los servicios esenciales del Estado Provincial».
El gobernador también había advertido que había «real riesgo» de no poder cumplir objetivos en educación pública «a partir de la abusiva retención de recursos por el Gobierno Federal» y lo mismo podría ocurrir con los salarios de los empleados públicos «pese al carácter alimentario de los mismos».
