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Como en una serie de suspenso que a cada capítulo incrementa la tensión, el conflicto entre el gobierno nacional y las gobernaciones provinciales escala día a día. Tras la quita de los subsidios al tranporte en el interior del país y la eliminación del incentivo salarial para los docentes, entre otras medidas de ajuste, al menos cinco gobernadores recurrieron a la Justicia y otros anunciaron que lo harán en breve. El dato negativo para la Nación es que ese conjunto incluye a muchos que, hace apenas un mes, estaban dispuestos a colaborar con el oficialismo. Lejos de negociar, Javier Milei volvió a arremeter contra los mandatarios y les reclamó que ajusten las cuentas provinciales. «No la ven», los desafió.
El Presidente apeló a ese latiguillo para responsabilizar nuevamente a los gobernadores por la caída de su Ley Ómnibus, el proyecto con el que pretendía desregular la economía y desguazar el Estado y que terminó fracasando en la Cámara de Diputados. “Siguen pensando con la lógica del círculo rojo”, dijo sobre los mandatarios provinciales, a vez que ponderó la quita de subsidios al transporte, reiteró que no le corresponde a la Nación pagar el Fondo de Incentivo Docente y subrayó que tampoco habrá obra pública, a la que calificó de “mecanismo de robo furioso”.
Milei insistió con el discurso que considera «un triunfo rotundo» el derrumbe de su megaley porque puso en evidencia quiénes están «del lado de la libertad y quiénes son los colectivistas” que defienden “intereses particulares” y “privilegios de casta”. El Presidente argumentó que, cuando en la negociación por la Ley Ómnibus bajó el capítulo fiscal, los mandatarios provinciales leyeron ese gesto como un signo de «debilidad» y apostaron a «rapiñar dos puntos del PBI». Según Milei, el gobierno central debió recortar un déficit de 15 puntos mientras las provincias en conjunto deben hacer el esfuerzo por 1 punto, por lo que llamó a los gobernadores a “dejar de hacer recitales a beneficio y pagarles a los docentes”.
Para que no dejaran dudas los planteos de Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no convocará a los gobernadores a reuniones específicas para analizar la situación fiscal, pero, eso sí, dijo que «el diálogo» con las provincias «está abierto». Y el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el ajuste sobre las gobernaciones no implica «ninguna venganza» contra los distritos por el derrumbe de la Ley Ómnibus, sino al «cumplimiento de la ley para poner el país en orden».
Las palabras de Francos no parecieron condecirse con los dichos del Presidente, en particular con su arremetida contra el mandatario cordobés, Martín Llaryora. “El gobernador de Córdoba se quejaba de que se caían 20 mil millones del subsidio al transporte. Gasta 26 mil millones en pauta oficial para que hablen bien de él”, disparó Milei. El miércoles, Llaryora había cuestionado los insultos y ataques del «libertario» y había expresado que el Presidente debería disculparse con él. Pero el líder de LLA no pensó lo mismo: “Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”, dijo.
Reclamos provinciales
«Encapricharse y tomar actitudes casi infantiles nos está llevando a una situación de crispación e insultos que no conducen a ningún lado», recogió el guante Martín Llaryora y consideró que el Presidente tiene «un desconocimiento supino de lo que es el interior de Argentina», encerrado en una mirada «muy de la Capital».
El cordobés no fue el único gobernador que salió a explicitar las diferencias con el Ejecutivo nacional. «El Gobierno tiene el mismo plan económico que impulsó (Mauricio) Macri durante cuatro años: un programa con tarifas en dólares, apertura de importaciones, ausencia del crédito productivo y caída del salario», dijo Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. «Prometían hacer algo distinto, pero están llevando adelante un ajuste convencional para destruir la industria nacional. Estas políticas apuntan a volver a una Argentina con una economía primarizada, subordinada y dependiente: propusieron ajustar a la casta y están ajustando a la industria y los trabajadores», dijo Kicillof.
También desde el distrito bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, observó que «de distintas formas el gobierno nacional está tratando de asfixiar financieramente a todas las provincias, pero en Buenos Aires es donde más han caído los financiamientos de la Nación». Bianco anunció que la provincia realizará reclamos formales por los recursos que dejó de enviar el Estado nacional y por el «corte intempestivo» del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), «un complemento salarial que se implementó en el ’98» y «desde entonces todos los gobiernos lo han mantenido, por lo que constituye un derecho adquirido de los docentes y maestras de toda la Argentina». De hecho, todas las provincias ya reclamaron por nota a la Secretaría de Educación que se sostenga el Fonid, que representa más del 10 por ciento de los sueldos docentes.
Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. «No funciona así un sistema, en el que vos te quedás con todo y repartís nada», avisó. «No estamos mendigando, la provincia de Santa Fe aporta casi tres veces lo que vuelve en subsidios del transporte», detalló Pullaro. «La provincia aporta 3900 millones de pesos por mes» en concepto de impuesto a los combustibles, de los cuales «solamente volvían 1500 millones y el resto quedaba en el AMBA. Si nos dieran lo que aportamos o se eliminara ese impuesto y lo pudiéramos poner nosotros en el sistema, el transporte en la provincia de Santa Fe saldría 0 pesos», dijo.
«Nos plantean que no vamos a recibir fondos nacionales, pareciera que no somos más parte de la Patria, a pesar de todo lo que le aportamos al país», se sumó el neuquino Rolando Figueroa. «¿Qué sería de la Capital Federal sin Neuquén, cómo se calefaccionarían, tendrían energía eléctrica o cómo se movilizaría el campo? -se preguntó-. Los neuquinos no vamos a dejar que toquen a Neuquén», advirtió.
Acciones judiciales
Además de la disputa política entre Nación y provincias, al menos cinco gobernadores recurrieron ya a la Justicia para enfrentar las medidas de la administración Milei. Las asesorías jurídicas de la mayoría de las gobernaciones analizan también los pasos a seguir.
El riojano Ricardo Quintela fue el primero en recurrir a los tribunales, cuando se presentó ante la Corte Suprema para plantear la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. En las últimas horas, el chubutense Ignacio Torres solicitó una medida una cautelar ante la Justicia Federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. También el santiagueño Gerardo Zamora instruyó a la Fiscalía de Estado que inicie acciones legales por el recorte de fondos. “Queda claro que no son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país”, explicó la gobernación.
Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Figueroa intimaron al gobierno nacional a no tomar ninguna medida inconsulta ante el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en defensa de los recursos naturales que, recalcaron, «son potestad de las provincias».
