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«La Corte no va a tomar el tema hasta 2026», afirmó a LPO un importante juez. Por qué tampoco la sacaría de juego la ley de ficha limpia.
Jueces de Comodoro Py, legisladores aliados del gobierno y especialistas en Derecho aseguran que Cristina Kirchner está lejos de ser proscripta por la Causa Vialidad, luego del fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia de primera instancia en su contra con inhibición perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Fuentes del Poder Judicial aseguraron a LPO que «Cristina sabe fehacientemente que la Corte no va a tratar este tema hasta 2026». «Hay una jurisprudencia, podríamos decir, cuando se trata de ex presidentes o vicepresidentes, como pasó con Carlos Menem y Amado Boudou, que nunca pasan menos de dos años hasta que los jueces de la Corte tomen el caso», agregaron las fuentes.
La interpretación da por tierra con la narrativa del kirchnerismo y la propia ex Presidente, que pretenden que la ratificación de la condena por parte de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña la deja fuera de la competencia electoral. «La Corte no trata velozmente un tema con 10 encartados, mucho menos si involucra a un ex vice o ex presidente», intentó desmarcarse un camarista.
Un representante del Consejo de la Magistratura recordó, además, que el máximo tribunal todavía tiene «un recurso de Alberto Fernández por la fiesta en Olivos», escándalo que estalló en 2021. También tiene, entre la pila de causas, dos que involucran a Cristina y no se movieron: Memorando de entendimiento con Irán y Dólar Futuro.
Desde un juzgado federal agregaron que tampoco «dan» los tiempos procesales para que «Vialidad» llegue al Palacio Talcahuano este año. La defensa de la ex Presidenta, al igual que los letrados de los otros acusados, tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar su recurso de apelación, al tiempo que la Cámara tiene que correrle traslado a cada una de las partes en un plazo de 10 días hábiles más.
Si el trámite fluyera a velocidad crucero, el caso llegaría a manos del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a mediados de diciembre. Su definición no es vinculante pero sin su dictamen los supremos no pueden poner un dedo en el expediente y, encima, la Procuración no tiene plazos establecidos para resolver.
Según argumentó uno de los juristas consultados, la ansiedad por una definición del proceso judicial en curso obedece más al interés político de ciertos actores que a las chances de que ocurra. Del mismo modo explica el apuro por darle tratamiento al proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados.
Impulsado por el PRO y acompañado por radicales, pichettistas y libertarios, ese dictamen promueve la prohibición de candidaturas a las personas que hayan sido condenadas en segunda instancia, tal como Cristina. Sin embargo, la ley no puede ser retroactiva: no se puede legislar para atrás, tomando una sentencia previa a su sanción para impedirle a la ex mandataria que se presente a elecciones.
La intención de sacar adelante esta iniciativa vinculándola a la suerte de Cristina resulta tan evidente que hasta un diputado macrista se quejó ante LPO: «A Cristina hay que ganarle en las urnas, no hay que correrla con esta ley de ficha limpia», dijo.
Aunque admitió que votará en recinto a favor de la ley, manifestó fastidio con sus colegas. «Cristina tiene la estatura de Perón y Julio Argentino Roca en la historia argentina, no sirve inventar esto de Ficha Limpia», remarcó.
En un despacho libertario, sugirieron que la convocatoria a sesión especial para discutir el proyecto en recinto y su eventual aprobación en la Cámara Baja era una forma de presionar al peronismo para que respalde el pliego de Ariel Lijo en el Senado. Pero cerca de un senador oficialista contestaron a LPO que «la confirmación de la sentencia presiona mucho más que el cuco de Ficha Limpia».
Por lo demás, Javier Milei expresó en radio Rivadavia que espera «que operen los mecanismos institucionales». «Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúe el Senado, cuando yo tenga respuesta, veré cómo tengo que funcionar. Necesitamos que se expida el Senado», abundó.
Aún así, un magistrado experimentado advirtió que la actual composición de la Corte le conviene tanto a Cristina como al Presidente. «Pese al juicio político que le hicieron, Horacio Rosatti no es enemigo de Cristina», precisó.
Esa afirmación coincide con lo que estiman desde el entorno de la ex Jefa de Estado sobre el pliego de Lijo, más allá de las intenciones de los gobernadores por empujar al juez federal en la Corte. «Está todo en stand by», dijeron.
