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La banda operaba en el Conurbano Bonaerense y extendía sus actividades hacia Corrientes, Misiones y países vecinos. La red tenía ramificaciones en varias provincias, incluyendo Corrientes, donde un empresario de Santo Tomé jugaba un papel clave en la logística del transporte.
Una extensa operación policial llevada a cabo en el Conurbano Bonaerense permitió desmantelar una de las organizaciones criminales más lucrativas y complejas de los últimos tiempos. Dedicada al robo y exportación de autos hacia Paraguay, Bolivia y Brasil, la red tenía ramificaciones en varias provincias, incluyendo Corrientes, donde un empresario de Santo Tomé jugaba un papel clave en la logística del transporte.
Una operación a gran escala
La Policía Bonaerense ejecutó 55 allanamientos simultáneos, que resultaron en la detención de 16 personas, entre ellas los tres cabecillas de la banda: Jonathan Abel Díaz («Jony»), Julieta Tais Duarte («July») y Gabriel Iván Galán («Memeco»). Según las investigaciones, esta organización se especializaba en el robo de autos de alta gama en localidades como La Matanza, Merlo, Morón y Tres de Febrero.
Los vehículos eran desguazados, sus documentos adulterados, y luego enviados en contenedores a países vecinos. Las autoridades confirmaron que los autos robados eran vendidos en el mercado negro internacional a precios que oscilaban entre 5.000 y 8.000 dólares, muy por debajo de su valor real.
Un santotomeño en el centro de la red
Entre los detenidos destaca José K., un empresario de 59 años domiciliado en Santo Tomé, Corrientes. Según los informes, este hombre habría facilitado los contratos de transporte de los vehículos robados hacia las fronteras con Paraguay y Brasil, convirtiéndose en un engranaje clave dentro de la logística de la organización.
«Corrientes fue un punto estratégico para esta red criminal», revelaron fuentes policiales, quienes también destacaron que las conexiones de José K. con la banda ayudaron a desentrañar la magnitud y alcance de la operación.
Estructura y modus operandi
La banda operaba con un esquema bien definido. Los autos robados eran desarmados, se les adulteraban los números de motor y chasis, y luego se transportaban en camiones hacia su destino final. El grupo también contaba con falsos gestores encargados de modificar la documentación de los vehículos, así como agencieros de autos usados vinculados a la comunidad gitana, quienes actuaban como intermediarios en el comercio ilícito.
El pago a los delincuentes por cada vehículo oscilaba entre uno y tres millones de pesos, dependiendo del modelo y el estado del auto robado.
Vínculos con el narcotráfico
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que la banda podría tener conexiones con el narcotráfico. «Hemos encontrado similitudes con otras organizaciones desmanteladas que combinaban el tráfico de vehículos robados con actividades relacionadas con las drogas», afirmó.
