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El diputado radical Luis Picat, uno de los “87 héroes” del presidente Javier Milei que blindaron el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, quedó en el ojo de la tormenta por usurpación, incendio y explotación de miles de hectáreas de tierras públicas en Santiago del Estero. En medio de los catastróficos incendios que azotan a la provincia de Córdoba, se conoció la imputación contra dos empresas dirigidas por el legislador y su familia tras una denuncia realizada por la administración de Gerardo Zamora. Según el informe emitido ayer por Tomás Méndez en Telenueve Denuncia, varios miembros de la familia Picat fueron imputados en la causa impulsada por el Gobierno de Santiago del Estero por haber usurpado, incendiado y explotado 11.800 hectáreas de tierra públicas en esa provincia.
De acuerdo a la investigación, se calcula que el rédito económico que obtuvieron los Picat por los incendios generados en la zona equivalen a 15 millones de dólares anuales.
Los negocios de Picat
De héroe a villano, el diputado Picat se encuentra en problemas por la causa judicial que se inició en 2022 y en la que se investigan a dos empresas de su propiedad. Telenuve Denuncia mostró varias pruebas de la causa que involucran al legislador radical, nuevo aliado del gobierno de Javier Milei. Picat, hijo de un histórico dirigente de la Sociedad Rural de Córdoba, también fue intendente de Villa María
Para tomar dimensión de la magnitud, el incendio provocado afectó una superficie equivalente al 15 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires. Se calcula que la ganancia obtenida por los Picat es de 15 millones de dólares anuales. Los campos usurpados pertenecen a los departamentos Copo y Alberdi, en el norte de la provincia. En diciembre de 2022, la fiscalía de Estado santiagueña denunció a José Luis Picat, padre del diputado, y sus familiares Víctor Iván Picat, Pablo Miguel Picat, Mario Albino Picat, María Belén Picat.
Tanto en la denuncia civil como en la penal (ambas impulsadas por el gobierno santiagueño) el origen de los incendios forestales y la comisión del delito fueron probadas y se avanza en un acuerdo por 30 millones de pesos, que libraría a los Picat de devolver lo facturado.
Página 12
