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«Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente», disparó sin reparos el procurador del Tesoro Rodolfo Barra en el Congreso de la Nación. Lo hizo la semana pasada ante la mirada atenta de diputados de todos los bloques que discutían en el plenario de comisiones el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el poder Ejecutivo para, entre otras cosas, arrogarse facultades del poder legislativo, desregular la economía, destruir derechos laborales y vender empresas públicas. Diputados de la mayoría de los bloques y especialistas en derecho constitucional, entre otros, salieron a repudiar lo dicho por el exjuez de la Corte de la «mayoría automática» menemista y a denunciar que la frase forma parte de una estrategia del gobierno para «apretar y extorsionar al Congreso».
A diferencia de lo que hizo en los años 90, cuando tras una investigación de Página12 se descubrió su pasado Nazi y tuvo que salir a aclarar que «si había sido, se arrepentía», esta vez Barra no se arrepintió ni rectificó sus dichos golpistas sobre llevarse puesta la Constitución. «Que en el Congreso de la Nación el procurador del Tesoro sostenga una declaración de ese calibre hace que estemos frente a un gobierno que no tiene apego al sistema constitucional. Más grave aún es que los dichos no hayan sido desmentidos, ni tampoco bajada su intensidad por el ministro de Justicia (Mariano Cúnero Libarona), que también pasó por el plenario de comisiones ese día, o por cualquier otro funcionario del gobierno», sostuvo el abogado y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, en diálogo con este diario.
El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, opinó que a las declaraciones «hay que ubicarlas en un contexto de fuerte presión que ejerció el Gobierno toda la semana sobre el Congreso». «No fue solo esa frase sino también la de Bullrich diciendo que todo puede empeorar si no se aprueba la ley y las de Adorni diciendo que el alza en los dólares financieros tenía que ver con la indefinición del Congreso», indicó. Para Martínez, la presión se fue incrementando hasta casi transformarse en un «apriete directo» a los diputados. «Sobre todo a los potenciales aliados del oficialismo como: la UCR, los bloques provinciales y el bloque Miguel Pichetto», señaló.
Martínez aclaró que «el problema son aquellos diputados que dejan pasar estas cosas. No las podemos menospreciar. Aspiro a que los otros bloques opositores tengan una actitud de mayor personalidad y no se dejen presionar o apretar por el Poder Ejecutivo a través de estas frases«. Para el diputado, «la Constitución Nacional siempre fue la hoja de ruta del país tanto en momentos de dificultades como de estabilidad, por eso tenemos que respetarla y hacerla valer. Claramente el DNU y la ley ómnibus van en contra de ella, no solamente porque avasallan atribuciones y competencias que son específicas del poder legislativo, sino porque se lleva a puesto derechos de los argentinos que están expresados en la Constitución».
«Me parece despreciable. Es una amenaza directa a la vida en sociedad bajo determinadas reglas de juego», agregó la diputada de UxP, Cecilia Moreau, sobre las declaraciones de Barra y aseguró que «nadie le niega la legitimidad de los votos a este gobierno, pero eso no les da derecho a llevarse a todo puesto». En esa línea, la expresidenta de la Cámara de Diputados añadió que no se trataron de un hecho aislado. «Esa es la frase mas contundente, pero el vocero le hecha la culpa al Congreso de lo que pasa en la economía y Bullrich dice que es ‘a todo o nada’, y atenta contra un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta», remarcó.
Para ella el gobierno «está buscando generar un clima para quedarse con la suma del poder público», y, a la vez, «demuestra un evidente desprecio por la democracia, que es la que les permite estar donde están». Para finalizar, Moreau expresó que fue con la misma Constitución –luego de la reforma de 1994– con la que se superó la crisis de 2001. «En ese momento hubo también una crisis de representación y, producto de medidas tomadas por algunos de los mismos que hoy están en el Gobierno, los argentinos reclamaban que se vaya la dirigencia política. Fue la propia política la que, con las herramientas de la Constitución, puedo encontrar la salida», dijo y concluyó: «menospreciar la importancia que tiene la Constitución es desconocer la posibilidad que nos da para que, más allá de las personas que circunstancialmente ocupan un cargo, las crisis tengan respuestas».
La diputada Margarita Stolbizer, del partido GEN, afirmó a Página12 que el Gobierno «tiene que terminar con las amenazas y extorsiones al Congreso y atenerse a la Constitución y la división de poderes». Luego agregó que «no se trata solo de qué hace la oposición. Vivimos en democracia, bajo un estado de derecho y con división de poderes. El poder legislativo es el que sanciona las leyes y así deben entenderlo desde el Ejecutivo». Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, se limitó a responder que las declaraciones del procurador eran «un desastre».
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en tanto, explicó a este diario que la Constitución «es la condición donde se expresan los derechos y las garantías que permiten la convivencia pacífica» y que, si no existiera, «no hay sistema democrático posible ni orden institucional». Más allá de eso, aclaró que en la Carta Magna hay dos artículos que consignan que «la Constitución mantiene su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza«.
«Si la propia Constitución dice que aún frente a, por ejemplo, lo que nosotros llamamos un golpe de Estado, la Constitución mantiene su imperio ¿cómo no va a mantener su imperio frente a una situación de emergencia por más extrema que sea?». Para Domínguez las declaraciones de Barra implican «una degradación del sistema». Por último, expresó que para él el DNU no respeta la constitución y la Ley Ómnibus –en su gran mayoría– tampoco.
Las declaraciones golpistas de Barra también fueron señaladas por el diputado y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Durante el debate en el plenario de comisiones le pidió al Procurador que de mayores precisiones sobre la «teoría de la no celeridad de los parlamentos a la hora de tomar decisiones» y sobre sus dichos en una entrevista en el diario Clarín, en la que habló del concepto de «urgencia política». «La urgencia puede ir por distintos caminos, hasta puede haber una urgencia política: un presidente con minorías en el Congreso no puede presentar leyes o si tiene mayoría y le rechazan los proyectos desde sus propios bloques ¿qué hace, no gobierna?», dijo citando las palabras del procurador y remarcó que esas declaraciones le preocupaban.
