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En Casa Rosada prima el silencio en relación a una fecha que consideran fundamental en el marco de la “batalla cultural” contra “la izquierda”. Niegan que esté en agenda otorgarle prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad.
Los rumores acerca de posibles anuncios oficiales en el marco del 24 de marzo crecen con el correr de las horas. Mientras los Espacios para la Memoria sufren el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en la administración pública, las versiones de que La Libertad Avanza prepara un gesto fuerte de cara al Día de la Memoria con el fin de dejar en claro su postura en relación a la última dictadura cívico-militar suenan cada vez con más fuerza. La primera dirigente de peso en alertar al respecto fue la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, quien se hizo eco del runrún al deslizar este miércoles que “el presidente dictaría un indulto a genocidas”, aunque en el mismo mensaje de la red social X aclaró que sería algo “manifiestamente inconstitucional”.
En Casa Rosada prima el hermetismo en relación a una fecha que, saben a la perfección en las filas libertarias, no es una más para gran parte de la sociedad argentina que hace tiempo abraza las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Por eso guardan silencio acerca de la existencia del spot conmemorativo que fue grabado esta semana en el Salón Blanco y que, según pudo saber elDiarioAR, será dado a conocer en las próximas horas. El objetivo oficial, nunca explicitado del todo, es jugar a la sorpresa. Sobre todo en un tema que Milei considera tan simbólico como fundamental en el marco de su “batalla cultural” contra “la izquierda”.
Esta mañana, el propio vocero presidencial Manuel Adorni se encargó de dejar abierta una puerta para eventuales definiciones. “Si hay alguna otra cuestión, será dicha o publicada el propio 24 de marzo”, deslizó, misterioso, luego de confirmar el operativo de seguridad que se desplegará este domingo en las calles porteñas y de condenar el brutal ataque recibido en su domicilio por una militante de HIJOS. “Esperemos que sea un día de reflexión para todos y en absoluta paz y tranquilidad”, resumió.
Por la tarde, en tanto, fue el turno del ministro de Defensa Luis Petri, quien negó de manera tajante que el Gobierno esté evaluando otorgarle domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad, otro de los rumores que comenzaron a trascender en vísperas del Día de la Memoria. “No está en la agenda”, sostuvo durante una conferencia de prensa que brindó junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich.
Como publicó elDiarioAR en enero, el reclamo para que los represores mayores de 70 años cumplan sus arrestos en sus casas hace tiempo que se convirtió en el principal caballito de batalla de los defensores de militares acusados por crímenes durante la última dictadura. Pero la llegada al poder de La Libertad Avanza le dio un nuevo impulso al pedido histórico de grupos que esgrimen argumentos humanitarios en favor de los acusados, aunque la proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.
Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizadas a diciembre de 2023, actualmente sólo el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo.
Durante la campaña, el propio Milei se refirió condenatoriamente a la situación de los militares presos. “Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena”, respondió en julio, durante una entrevista con A24, en la que además subrayó que les vale “todo el peso de la ley” por haber contado con “el monopolio de la violencia”. “Guardar el orden no implica que vos puedas hacer cualquier cosa, aun cuando del otro lado vos tenías terroristas que no pelean acorde a las reglas militares. No te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís”, indicó en ese momento, en su afán de ahuyentar los fantasmas de una virtual intromisión libertaria en el terreno judicial.
Sin embargo, es en la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel donde se posan todas las miradas. En enero, la activista prodictadura Cecilia Pando afirmó en una entrevista con Radio Con Vos que durante la campaña electoral hubo contactos por ese tema con la actual titular del Senado, otra defensora de la “memoria completa” con la que está distanciada desde hace años. “Hubo personas [que firmaron una carta de lectores en La Nación para presionar públicamente al nuevo gobierno para que opere en favor de los militares presos] que hablaron con Victoria −dijo Pando−. Ella se dedica a solucionar el tema de las víctimas del terrorismo y después se le habrá planteado el tema jurídico de los militares”. Consultada sobre las “promesas” incumplidas del gobierno, Pando aseguró que fueron hechas por el “entorno” de Villarruel, aunque se negó a dar nombres.
PL/DTC
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