El Banco Central (BCRA) no renovó una medida que vence el miércoles y que permite, desde 2019, que todos los anticipos para el pago de salarios del sector público queden por afuera de los cupos establecidos de los bancos. Al no prorrogarse esta excepción, prevista en las normas sobre el “Financiamiento al sector público no financiero” de la entidad, cientos de miles de trabajadores de las provincias y de las universidades podrían no cobrar sus salarios a tiempo.

Esta medida rige desde el 28 de octubre de 2019, durante la gestión de Guido Sandleris, en el final del gobierno de Mauricio Macri, y fue prorrogada sistemáticamente durante estos años. Ahora, durante la condicción de Santiago Bausili, con Javier Milei en la Casa Rosada, no hay novedades —por ahora— de que se vaya a renovar.

La comunicación para una nueva extensión puede salir de un momento a otro pero, por lo pronto, esta no renovación significa un mensaje político en medio del tironeo entre el Gobierno central y los mandatarios provinciales, y adicionalmente el radicalismo, por las universidades, por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como ley ómnibus, que se tramita en la Cámara de Diputados, con una sesión proyectada para el miércoles y un final incierto.

“Con esta norma del BCRA los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país. A partir de esta norma se dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto que tienen con bancos para abonar sueldos. Al mismo tiempo, esta norma va a afectar al sector productivo y privado porque mucha gente se va a atrasar en el pago de las tarjetas de crédito, evita el consumo y, por lo tanto, impide la reactivación de la economía”, planteó el X (Twitter) la diputada nacional de la UCR Danya Tavela.

El Gobierno defendió el ajuste en Educación y Cultura, y admitió que habrá modificaciones