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El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, oficializó la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), una medida que despierta serias críticas por su impacto en la gestión estratégica de las vías fluviales y portuarias del país.
Este organismo, encargado de la administración del puerto de Buenos Aires y de la hidrovía del Paraná, será reemplazado por la recién creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), dependiente del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
La medida, presentada como una optimización de recursos, representa en realidad una muestra más del desmantelamiento sistemático de estructuras públicas en sectores clave. La AGP, que desempeñaba funciones vitales para la economía nacional, ahora verá transferidas sus competencias a un nuevo organismo con autarquía financiera, cuya eficacia está por demostrarse en un contexto de creciente incertidumbre.
El cierre de la AGP se suma al antecedente de la eliminación de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), otra empresa estatal cerrada bajo el argumento de “malgasto de recursos”. Este patrón de decisiones deja al descubierto una política que prioriza ajustes estructurales sin considerar el impacto a largo plazo en la capacidad del Estado para garantizar servicios estratégicos.
La Anpyn asumirá funciones cruciales como el control de puertos, la promoción de inversiones privadas y la modernización de las instalaciones portuarias. Sin embargo, la creciente dependencia de la inversión privada en áreas sensibles genera preocupación sobre el debilitamiento de la capacidad estatal para regular y supervisar actividades críticas como la administración portuaria y el dragado de vías navegables.
El decreto también establece la reubicación del personal de la AGP, pero no garantiza que estos trabajadores mantendrán sus condiciones laborales actuales. En un contexto de ajustes y recortes, las promesas de cumplimiento de la legislación vigente parecen insuficientes para calmar la incertidumbre que enfrentan los empleados afectados.
Entre las nuevas atribuciones de la Anpyn, se destacan la promoción de asociaciones público-privadas y la supervisión de las habilitaciones portuarias. Sin embargo, críticos advierten que estas políticas podrían facilitar la privatización encubierta de sectores clave, comprometiendo la soberanía nacional sobre recursos estratégicos como la hidrovía del Paraná.
Con esta medida, el Gobierno de Javier Milei refuerza su tendencia a desarticular organismos públicos bajo el pretexto de eficiencia, sin ofrecer alternativas que garanticen un mejor servicio ni una mayor transparencia en la gestión de recursos estratégicos.
Las consecuencias de estas decisiones podrían ser costosas para el desarrollo económico y la autonomía nacional en el manejo de sus recursos fluviales y portuarios.
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