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El cuerpo de una nena de ocho años fue hallado entre las llamas, pero la tragedia comenzó mucho antes. Un incendio, en apariencia accidental, encendió la alarma de los vecinos el sábado 2 de noviembre.
Sin embargo, lo que las llamas intentaron ocultar inicialmente no tardó en emerger como una oscura y desgarradora historia que ha conmocionado a Brinkmann y a toda Córdoba. La muerte de Aralí Vivas generó un terremoto dentro de las áreas a cargo de los menores y puso en debate el trabajo de profesionales y jueces.
La investigación del fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, reunió en menos de una semana los elementos necesarios para comprometer al padrastro, a un amigo y hasta la misma madre, con una carátula que puede agravarse.
En cinco claves, los principales puntos para conocer el horror.
1. El horror en Brickman
El sábado 2 de noviembre, los bomberos asisten a un incendio en la casa ubicada en la calle Caseros al 800 de Brickman. Los mismos vecinos llamaron por la presencia de humo que emanaba de una de las habitaciones.
Ese mismo día, las grabaciones de las cámaras de seguridad del sábado muestran al padrastro saliendo de su casa a las 13.36. Iba acompañado de sus dos hijos (4 y 7 años). Terminan en una plazoleta próxima. En la casa quedaron Aralí junto a sus hermanos. A pocos 10 minutos, regresó solo y es el momento en que comienza a salir humo negro de la habitación de Aralí.
Durante las horas posteriores a la muerte de Aralí, dos hermanos menores convivieron con su cadáver sin saber lo que había ocurrido. Según el relato de uno de los niños, intentó despertar a su hermana pero al no obtener respuesta asumió que estaba dormida. “La dejó ahí porque pensaba que estaba durmiendo”, señaló el fiscal Gieco.
El fuego solo afectó una habitación, la que habitualmente ocupada Aralí. Alrededor de las 14, tras consumirse el incendio, allí estaba el cuerpito de la niña carbonizado, boca abajo, sobre la cama, según indica el informe de los bomberos. Llamó la atención la posición, como si no hubiera luchado para intentar escapar de las llamas.
Mientras la comunidad intentaba asimilar la noticia del incendio, la pericia de los bomberos arrojó una conclusión gélida: el fuego fue intencional. Pero lo peor llegaría horas más tarde.
El cuerpo de peritos forenses, a cargo de Mario Vignolo, reveló que Aralí ya estaba muerta cuando las llamas la envolvieron. Su cuerpo presentaba signos de abuso físico y sexual. No fue un accidente. Fue un crimen deliberado.
2. La madre ausente y ¿cómplice?
En julio de 2024, la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) le comunica a juzgado de familia que Rocío Milagros Rauch y Matías Simeone son aptos para la “revinculación” con Aralí y sus hermanos. La nena estaba al cuidado de una familia de acogimiento porque el padre estaba en prisión y la madre tenía problemas de adicciones.
Los funcionarios explicaron que las decisiones fueron trabajadas de manera conjunta con el equipo de la localidad, interviniendo inclusive profesionales de otros dispositivos tales como la RAAC (Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba) y Salud Mental. Conforme a lo que establece la ley, quien tuvo la última palabra fue la Jueza y los asesores que estuvieron a cargo del control de legalidad de lo actuado».
Ahora, con este crimen se revela que los informes de la SeNAF “no son vinculantes y pueden ser cuestionados o revisados inclusive por los propios equipos técnicos que tienen en tribunales”.
Rocío Milagros Rauh, es señalada como una mamá ausente, ajena a la pesadilla que se gestaba. Mientras su hija perecía, ella se encontraba en la localidad de Morteros, a 18 kilómetros. Estaba con otro hombre, un cliente.
La fiscalía sostiene que su omisión de cuidado la convierte en partícipe de la tragedia. Sus defensores argumentan que la mujer, adicta en recuperación, no es la culpable directa. Pero las pruebas pesan y el silencio la incrimina.
La acusan de ser una mujer con una severa adicción a distintas drogas y dejó a Aralí sola en una casa al cuidado de desconocidos. “Tenía problemas de adicción pero ya estaba recuperada”, reconoció Omar Rauch, el abuelo de Aralí y sentenció: “no es culpable pero tampoco es inocente”.
3. Los acusados
Rocío Milagros Rauch (28), la madre de la niña; el padrastro Matías Ezequiel Simeone (33) y un amigo de este último, Cristian Hernán Varela (40), enfrentan la acusación de homicidio calificado por el vínculo. La fiscalía, encabezada por Oscar Gieco, ha acumulado pruebas que sitúan a los tres en el centro de una investigación compleja y perturbadora.
Al no contar con redes sociales en sus teléfonos, se realizó un registro que confirman intercambios de llamadas entre ellos antes y después del fatídico hecho. El rastro digital indica el conocimiento del hecho. Sin mensajes, pero con llamadas.
El entrecruzamiento telefónico, sumado a los testimonios de los testigos señalan que a la casa “entraban hombres con acusaciones de abusos” y empujan a la fiscalía a imputar a los tres acusados por el mismo crimen. Comenzaron a aparecer testimonios que comprometen más a los acusados. El abuelo paterno describe “fiestas negras, abusos y drogas”. La desidia es total
La semana que viene, los tres acusados se deberán presentar ante el fiscal, quizás esta vez den su versión de los hechos y dejen de callar su atroz crimen.
4. El trabajo de la Senaf en la mira
Se comprueba la presencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) como una interventora en la familia. El padrastro no era un extraño para las autoridades. Había sido condenado meses antes por amenazas contra la madre de Aralí y su propia suegra: «Te voy a quemar la casa», le había dicho. Sin embargo, seguía allí, en la misma casa, bajo el mismo techo.
La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) es la abogada Julia Alejandra Reartes, docente universitaria, ex coordinadora de Unicef, y con trayectoria académica y profesional en los fueros de familia, justicia penal juvenil y violencia familiar y de género. Depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a cargo de Liliana Montero y puede ser obeto de otra imputación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La funcionaria explicó que no puede dar detalles del caso pero que “la apertura de una investigación administrativa que corresponda para poder determinar cuál ha sido la actuación del organismo y de los equipos en esta causa”, en declaraciones en “Ponete al día”, por radio Universidad.
En otro tramo de la nota, Reartes asumió la responsabilidad y comprometió también a la Justicia: “la Senaf no trabaja sola sino en articulación con la justicia, que tiene el control de la legalidad de las decisiones que toma Senaf”.
No es la primera vez que el sistema que promete proteger a los más vulnerables fracasa. Pero para Aralí, cualquier reacción ya es demasiado tarde.
La exlegisladora provincial María Rosa Marcone del espacio Encuentro Vecinal apuntó a la falta de capacitación de los empleados y funcionarios del organismo. «Hay un problema fundamental que es la enorme cantidad (de personal) que hay en la Senaf sin ninguna capacitación en un trabajo que requiere no solamente formación sino una capacidad especial de comprensión», señaló.
«La Senaf tiene 1.332 agentes. El 68,3% está dentro de la categoría de personal administrativo y de servicios. Universitarios, técnicos y especializados son apenas un 30%. Son datos objetivos», aseguró Marcone.
5. Voces políticas
El impacto del crimen nuevamente pone en tela de juicio el trabajo de ministros, secretarios y funcionarios a cargo de los organismos públicos que están para actuar en casos de maltrato familiar y las «revinculaciones».
Walter Nostrala, el presidente del bloque de Frente Cívico pidió de manera pública la renunca de su exaliada y actual ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero. «Le estamos pidiendo al gobernador Llaryora de manera urgente aparte del cargo a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Alguien se tiene que hacer responsable de lo que sucedió. Si el gobierno cree que escondiéndose, no hablando, no dando la cara, el tema se termina, está muy equivocado», expresó el legisaldor.
Mauricio Jaimes, de Juntos por el Cambio y al frente de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó el apartamiento de la titular de la Senaf, Reartes, y de la subsecretaria de Protección de Derechos de niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Humano, Romina Cristini, «debido a la incompetencia en el desarrollo de sus cargos y el mal desarrollo y funcionamiento que se presta desde la Senaf en materia de niñez, adolescencia y familia».
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