El riojano le habría «quemado» un acuerdo que el macrismo venía trabajando con los rectores a través de Finocchiaro. Ahora peligra la ley de DNU.
Martín Menem arruinó la última barrera de contención que podía ofrecerle desde el Congreso a Javier Milei para gobernar por decreto, al apurarse con la convocatoria a una conferencia de prensa para anunciar un aumento presupuestario para las universidades.
Su iniciativa enfureció al bloque del PRO, que venía trabajando silenciosamente para llegar a un acuerdo con los rectores universitarios, y los diputados macristas vaciaron el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento. Hasta este miércoles al mediodía, el plan de los legisladores que responden a Cristian Ritondo era firmar el dictamen de rechazo a las modificaciones que promovió la oposición sobre la Ley 26122, que establece que se precisa el voto en contra de la mayoría de las dos cámaras para voltear un DNU, pero la frustrada conferencia de Menem cambió todo.
La jugada de emplazamiento para cambiar esa norma había sido impulsada por el cordobés Oscar Agost Carreño, titular del PRO en su provincia pero secretario parlamentario del bloque de Miguel Pichetto, cuando prevaleció el blindaje al veto de Milei contra las universidades. Esa audacia contaba, de movida, con el acompañamiento de todo el peronismo y otros aliados pero, hasta ahora, no había cosechado la simpatía del macrismo.
Como sea, los opositores se alzaron cerca de las 19 con un dictamen de mayoría que contabilizaba 36 firmas entre los miembros del pichettismo, el peronismo y un sector del radicalismo. El expediente de rechazo se quedaba sin nombres del PRO y solo juntaba 9 rúbricas de los libertarios. El lilito Juan Manuel López, por un lado, y Karina Banfi, por el otro, aportaron sus propios dictámenes.
El escenario es inquietante para Balcarce 50. Si el tema se trata en recinto en las próximas semanas y la bronca de los macristas no baja, el oficialismo no tendría cómo frenar las reformas y Milei ya no podría regirse por decretos tan fácilmente. Tampoco un veto presidencial valdría la pena si el PRO se pliega a la oposición para insistir, algo que por el momento suena quimérico.
Dos horas antes que inicie el trabajo en comisiones, desde el despacho del riojano convocaron a la prensa para anunciar el incremento de las partidas para las universidades públicas en el Presupuesto 2025, algo que venía negociando el diputado Alejandro Finocchiaro con rectores. Enterados de la jugada, los macristas obligaron a los libertarios a abortar la conferencia.
Según fuentes parlamentarias, el titular de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, recibió la información sobre las negociaciones entre las autoridades de las casas de altos estudios y el ex ministro de Educación de Mauricio Macri y «la traficó» en el despacho de Menem. «No entienden nada estos muchachos y ahora nos vamos de la comisión sin firmar el dictamen de rechazo a la reglamentación de los DNU», dijo a LPO un legislador del PRO.
La crisis escaló tan alto que, al cierre de esta nota, Menem mantenía una reunión con Ritondo y Silvana Giudici en su oficina del primer piso de la Cámara Baja.
Sin embargo, el enojo de la tropa macrista parecía irreversible. «Con suerte, el tema pasa al año que viene pero nosotros le sacamos el cuerpo», expresó una legisladora.
El problema del apoyo a la postura oficialista para salvar el reglamento vigente de la utilización de los DNU fue discutido, incluso, en la reunión del bloque de este martes con Mauricio Macri. Para el PRO, la incomodidad es indesmentible porque la ley en discusión se sancionó por impulso de Cristina Kirchner para blindar esa herramienta institucional durante el mandato de Néstor Kirchner.
Por ese entonces, tanto el macrismo como el radicalismo rechazaban esa arquitectura legal, embanderados en un discurso republicano. El debate en comisión por estos días había obligado a Giudici a defender una postura absolutamente contradictoria con sus valores, solo para cuidar los intereses de la Casa Rosada en la actualidad. «Es una ley de mierda y la verdad que nos cuesta mucho bancar al gobierno», resumió un macrista.
LPO
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