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El gobierno está definiendo la cuota de merluza del mar austral por más de una década. Una intervención de Santiago Caputo y Lule Menem busca evitar que Sturzenegger transparente el sistema.
El gobierno de Milei está en las puertas de un escándalo mayor si finalmente se confirma la versión que por estas horas conmociona a la industria pesquera. Una firma española controlada por un fondo norteamericano habría informado a la Embajada de Estados Unidos de un pedido de coimas por 15 millones de dólares por parte de supuestos emisarios del gobierno para integrar a un grupo de firmas que se quedarían con los derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino por los próximos quince años. Un negocio fabuloso.
Las multinacionales pesqueras están en vilo por la extensión del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) que vence el 31 de diciembre y por eso vienen manteniendo una serie de reuniones frenéticas con los emisarios del gobierno para definir el futuro de la pesca de la merluza.
Pero la última que tuvieron, en la zona de Plaza de Mayo, impactó a los empresarios. La reunión se realizó un sótano y en el encuentro apareció un hombre visiblemente armado.
Según la versión que contó a LPO uno de los empresarios presentes, en el encuentro los emisarios del gobierno habrían deslizado la posibilidad que todas las empresas presentes aporten una «cuota» de 15 millones de dólares para resultar beneficiadas por el régimen por los próximos 15 años. No se trataba de un canon ni de ninguna contribución oficial al Estado argentino por la depreciación de ese recurso nacional.
El impacto que la propuesta causó entre los presentes motivó un encuentro posterior de urgencia de las pesqueras de Mar del Plata para definir los pasos a seguir. Como primera medida pusieron como interlocutor con el gobierno a Gustavo González, ex presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut.
La reunión secreta en la zona de Plaza de Mayo habría llegado a oídos de la embajada norteamericana por medio de la compañía española Iberconsa, que se instaló en la Argentina a fines del siglo XX. Su CEO, Alberto Freire, llegó a admitir que la razón de ser de la empresa española era Argentina.
Iberconsa es la principal tenedora del CITC de la merluza, con más del 14% de la cuota, al borde del máximo del 15% de concentración que permite el régimen. En 2019, el fondo norteamericano Platinum Equity adquirió la mayoría de Iberconsa. Platinum Equity es conocido por la compra de empresas que enfrentan situaciones financieras complejas.
Como la empresa es controlada por un grupo norteamericano está expuesta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos, que tiene aplicación internacional e impone multas multimillonarias para las empresas que operan en el exterior y cotizan en Wall Street. De acuerdo a lo que establece esa ley, los representantes de la empresa que acepten o paguen sobornos pueden ir a la cárcel.
Por eso cuando terminó la reunión con los supuestos emisarios del gobierno, la compañía española controlada por Platinum Equity habría elevado un informe a la embajada de Estados Unidos para cubrirse, según confió a LPO un empresario al tanto de lo ocurrido. Este medio intentó comunicarse repetidas veces con Iberconsa, pero no recibió respuesta.
El control del cumplimiento de esos cupos de pesca arrastra una historia oscura por lo menos desde los noventa cuando el otorgamiento indiscriminado de licencias puso al caladero del mar austral al borde de la extinción. Manejo opaco que ya fue motivo de un escándalo en el gobierno de Milei. En marzo de este año, LPO reveló que Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, denunció presiones de Pablo Ferrara, cercano a Diana Mondino, para revertir una orden contra una empresa china que pesca merluza negra por fuera de esos cupos permitidos. Ferrara terminó renunciando a los pocos días.
El encuentro secreto en Plaza de Mayo revela además una fuerte interna en el gobierno por controlar la negociación. Hasta ahora el tema estaba en manos del ministro de Desrregulación, Federico Sturzenegger. LPO reveló que en el sector ya existía un fuerte malestar con Sturzenegger, que comenzó cuando el ministro dijo que el régimen de pesca «es un problema» porque «hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ellos». En esa línea, habló de una regalía del 0,15% que «es un absurdo».
Las empresas pretenden que se mantenga el «statu quo», es decir esa regalía ridícula que mencionó Sturzenegger y el sistema opaco actual de reparto de cuotas.
Ahí es donde apareció otro sector del gobierno, cuyo interés es el opuesto al de Sturzenegger y estaría más en línea con la posición de las pesqueras. Entre las empresas mencionan como interlocutores a Santiago Caputo y Lule Menem, los hombres más cercanos a Javier y Karina Milei.
La intervención de Santiago Caputo en contra de Sturzenegger cuando aparecen los grandes negocios, ya se vio en la administración del RIGI, el régimen de beneficios millonarios para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. El principal asesor del presidente y su primo, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, lograron desplazar del control del régimen a Sturzenegger como estaba previsto inicialmente. La pelea fue tan brutal que se modificó la normativa apenas cuatro días después de sancionada.
LPO
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