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Luego del empate en 36, la vicepresidenta torció la votación y la ley bases se aprobó en general. Ahora volverá a Diputados.
La vicepresidenta Victoria Villarruel le salvó la ley Bases a Javier Milei, luego de un empate en 36 votos a favor y en contra. En una remake pero con sentido contrario al desempate de Julio Cobos por la Resolución 125, desempató votando por la afirmativa, y ensayando un discurso prácticamente inaudible bajo el abucheo de los opositores.
La Rosada había maniobrado para esquivar el empate y definir la votación sin necesidad del protagonismo de Villarruel, pero no lo pudieron evitar.
Villarruel quiso apelar a la imagen de «dos argentinas» y condenó la «violencia», haciendo alusión a las piedras que arrojaron los manifestantes. Sin embargo, no mencionó la represión policial dispuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluso terminó con diputados gaseados por los uniformados.
El presidente del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, defendió la ley con un discurso leído desde su banca, que conjugó acusaciones a Alberto Fernández por dejar un país «a 48 horas del default» y «haberse gastado» una deuda que estimó en más de 90 mil millones de dólares. «Nos dejaron toda la militancia y la familia metida en el Estado», lanzó como queja en otro pasaje de su texto.
El comentario en el recinto era que la lectura de Atauche era un copy and paste del que había leído a la mañana el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. «Les cuesta», justificó un senador a LPO, con una mezcla de lamento y piedad.
Antes del cierre que hizo el jefe de la bancada libertaria, hicieron lo propio el senador Luis Juez por el PRO y los peronistas Juliana di Tullio y José Mayans.
El cordobés fundamentó su apoyo al decir que «a quien eligió la gente hay que darle herramientas». Y aunque reconoció que «por sus formas es por momentos incómodo», remarcó que «es lo que la gente votó».
A su turno, Juliana di Tullio hizo «una reivindicación de los 33 senadores de Unión por la Patria», y se manifestó «orgullosa» porque «estoicos, soportaron presiones». «Todos hemos llegado con presiones enormes. Y no vinieron con la agrupación de ‘Voy por la Mía’ sino que priorizaron el sentido nacional por sobre el interés de cada una de nuestras provincias», explicó.
Di Tullio consideró, además, que el proyecto era «invotable». «El señor que dice que es un topo para destruir el Estado no me la puede pedir, ni cinco minutos», subrayó.
Por último apuntó directo a Javier Milei y sus dificultades políticas para irse al G7, arriesgando la sesión en manos de Abdala. «Así de justo llega el gobierno a esta votación: no se puede ir hasta que se vote», indicó, y concluyó: «Yo le pido al Presidente que gobierne para tener previsibilidad pero no me pida a mí que votemos lo que no se puede votar».
Mayans, por su parte, pidió que manden los proyectos «uno por uno», luego de advertir: «no les podemos dar poderes especiales a ustedes». Y así como arrancó su exposición evocando la figura del general Valle, quien fue asesinado hace 68 años por oponerse a la dictadura de la Revolución Libertadora, resaltó: «no podemos apoyar la reforma laboral porque no reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional» incorporado durante aquel gobierno de facto.
Además, afirmó que «el déficit 0 es verso», y desató el fastidio de los libertarios. «No va a haber respuesta económica con este tipo de programa, que es un programa de entrega nacional», argumentó.
La sesión había arrancado a las 10:15, gracias al aporte de Lousteau, Kueider, Espínola y Crexell al número de bancas que reunían los libertarios, PRO, UCR, Cambio Federal los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce y los monobloques de la rionegrina Mónica Silva y Beatriz Luisa Ávila.
Durante la jornada, Abdala intervino dos veces para anunciar modificaciones a la ley. Por la mañana, adelantó que el gobierno quitaba de la lista de empresas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA, como así también la supresión de la moratoria previsional y las pensiones por invalidez sancionadas el año pasado. Al filo de las 20, informó que aceptaban cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre las que se contaban una suerte de «compre argentino» para que proveedores locales le vendan a las empresas extranjeras y la libre disponibilidad de divisas para los VPU.
La intención de la Casa Rosada era que la oposición se quebrara con esas concesiones pero no funcionó. También pretendía que esos cambios fueran una palanca para evitar que el peronismo y otros bloques impusieran modificaciones blindadas con dos tercios, impidiendo que Diputados pueda insistir con la versión original por mayoría simple. Ese objetivo resultaba más accesible que el primero pero la imposibilidad de los opositores por juntar 48 voluntades no podría explicarse solamente por esa jugada.
Tal vez el daño más grande que los senadores le hagan al proyecto de Milei termine siendo el rechazo a las facultades delegadas. Se descarta que el oficialismo intentará ratificar el expediente original en la Cámara Baja pero el destino de ese artículo es difícil de sondear aún, por la mala praxis del gobierno y el desgaste que provoca sobre los legisladores sistemáticamente.
