Ante el abandono de Nación, los gobernadores le piden a Milei provincializar las rutas nacionales

Río Negro y Neuquén temen que por la suspensión de la campaña de invierno la Patagonia quede aislada y se cortes los accesos a Chile. Los gobernadores temen que se multipliquen los accidentes.

Ante la desinversión del gobierno nacional, Río Negro y Neuquén pidieron al gobierno de Javier MIlei provincializar las rutas nacionales y otros distritos como Entre Ríos podrían sumarse.

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa ya hicieron un pedido a Vialidad para que le gobierno les transfiera la administración de las rutas nacionales, que no reciben recursos para mantenimiento desde hace meses.

Se trata de un tema especialmente sensible: como contó LPO, Javier Milei no transfirió a Vialidad Nacional los recursos para la campaña invernal y la Patagonia corre el riesgo de quedar aislada. Además, peligra el comercio terrestre con Chile y podrían aumentar los accidentes.

Existe otro incentivo para intentar que las rutas no se hielen con los fríos extremos: si las rutas se congelan comenzará un deterioro que puede tener graves consecuencias. La sal para la campaña invernal debería haberse licitado en febrero. Vialidad no puede pagar porque no recibe recursos suficientes y por eso en el gobierno exploran vías alternativas para conseguirla.

En Río Negro hay preocupación porque Nación frenó todas las obras que estaban en proceso, que incluyen a la RN 40, la RN 22 y la RN23. Se trata de corredores que tienen una importancia vital tanto por el turismo que viene de Chile como para mover la cosecha del Alto Valle y también por Vaca Muerta.

La urgencia de los gobernadores patagónicos por hacerse cargo de las rutas no es casual, el Gobierno Nacional no transfirió a Vialidad los recursos para la campaña invernal y la Patagonia corre el riesgo de quedar aislada. Además, peligra el comercio terrestre con Chile y podrían aumentar los accidentes.

Según un estudio, de los 15 mil vehículos que transitan la RN 22, el 50% está vinculado a la industria petrolera o al transporte de combustible. Se trata de un corredor clave para la Argentina y eso motivó a Weretilneck y Figueroa para pedir la provincialización.

La transferencia permitiría a los gobernadores cobrar peaje y salir del «estado de abandono» en que se encuentran algunas rutas. «Es muy peligroso en términos de accidentes. Hay caminos sin terminar, otros sin mantenimiento», alertó Graciela Aleña, del Sindicato de trabajadores viales.

Nación dejó de transferirle a Vialidad Nacional el impuesto al combustible por $25,5 mil millones que debería ingresar semanalmente. Mientras que del Impuesto País solo ingresó el 6% y quedan pendientes más de $ 49,5 mil millones y del Tesoro Nacional $ 25 mil millones.

Desde Vialidad habían pedido un presupuesto de $730 mil millones para 2024, pero como quedó vigente el mismo presupuesto que en 2023 , los $475 mil millones significan una reducción del 35%. «Eso sin contar la inflación que hubo entre 2022, cuando se confeccionó el presupuesto», explicó Aleñá, quien rechazó la provincialización de las rutas. «Es sacarnos trabajo», agregó.

En Entre Ríos también miran con atención el estado de las rutas 12 y 14, por donde transita casi todo el comercio del Mercosur. La administración de Rogelio Frigerio está dispuesta a hacerse cargo de las rutas, pero sólo si vienen con recursos.

En Entre Ríos también miran con atención el estado de las rutas 12 y 14, por donde transita casi todo el comercio del Mercosur. Esas rutas están concesionadas a Corredores Viales del Río Uruguay, una empresa privada que pide recomponer su tarifa. Si se comparan con los costos, perciben apenas un 15% de lo que cobraban en 2019.

En la provincia que administra Rogelio Frigerio verían con buenos ojos la transferencia de las rutas, pero solo si vienen acompañadas de los recursos. «Solo si vienen con peajes y el impuesto a los combustibles», aclaran. Es el dinero que Nación dejó de transferirle a Vialidad.

«Estamos haciendo magia tratando de reactivar todo lo que dejó parado y sin pagar Bordet», se quejaron sobre 30 mil millones de pesos que están pendientes de pago.

LPO

 

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