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En la audiencia quedaron expuesta las filtraciones que permitieron que los capos narco ordenaran los crímenes desde la cárcel. Desde Ezeiza hicieron una videollamada.
La trama homicida para matar a cuatro civiles en Rosario que develaron los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta tuvo como principal objetivo amenazar al gobernador Maximiliano Pullaro y se organizó desde penales provinciales y federales, confirmando otra monumental falla de seguridad.
El relato de los fiscales permitió confirmar que el control desde las cárceles de los sicarios que desestabilizan a Rosario sigue intacto, así como la organización narco del detenido capo Esteban Alvarado.
En principio, se supo que la orden de los asesinatos de los dos taxistas, un colectivero y un empleado de estación de servicios a principios de marzo que se complementaron con ataques a una comisaría e intimidaciones a los funcionarios provinciales, partió de la cárcel santafesina de Piñero y del penal federal de Ezeiza.
El apuntado por los fiscales fue un reconocido gerente narco de Alvarado, Chuky Monedita preso bajo el régimen de alto perfil en la cárcel provincial que aprovechó los 30 minutos de visita de su pareja, Brenda Pared «la doña», que cumple prisión domiciliaria y era la única visita autorizada. Desde seguridad, sospechan que las indicaciones eran puntuales, blindex de por medio y sin posibilidad de acceder a teléfonos celulares.
Sin embargo, la planificación del asesinato del playero Bruno Bussanich, de 25 años, instrumentada por Brenda y Gustavo Márquez, encargado de reclutar a los sicarios menores de edad, se organizó en una videollamada con el Morocho Mansilla, otro pesado de Alvarado. Allí se acordó matar a uno de los empleados de la estación de servicios de zona oeste de Rosario.
En contacto con Mansilla, también se decidió colgar una manta sobre avenida Circunvalación con una amenaza directa a Pullaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El mismo grupo de sicarios se dio cita el 9 de marzo a las 8 de la mañana en el lugar y desplegaron el mensaje intimidatorio estilo mejicano.
Según revelaron los fiscales, Mansilla estaba acompañado del mismo Alvarado a la hora del zoom, lo cual se terminará de confirmar cuando se periten los celulares secuestrados y otras pruebas que prometen, arrojarán mayores detalles de los crímenes. Ambos están purgando condena en el penal federal de Ezeiza y la confirmación de que hayan accedido a una videollamada pone enorme presión sobre las autoridades.
En la campaña la ministra Patricia Bullrich criticó fuerte a los entonces gobiernos peronistas a quienes acusó de no poner inhibidores de llamas en los penales. No se entiende como ya con cuatro meses en el poder de las nuevas autoridades, estos casos se repiten.
Durante la comunicación con Mansilla, se redactó la carta donde los narcos aseguran que se unieron todas las bandas de Rosario contra Pullaro y su ministro Cococcioni. En ese texto reclamaban que se flexibilice el régimen carcelario y se les amplíe el número de visitas y el ingreso de alimentos, entre otras demandas. Los sicarios utilizaban ese recurso para acceder a teléfonos celulares y chips para administrar la venta de drogas desde la cárcel.
En su relato, los fiscales recrearon los eslabones de la banda que aterrorizó a Rosario. Mansilla y Chuqui Monedita, se sospecha con el aval de Alvarado, le dieron las órdenes a Brenda Pared mientras que Gustavo Márquez reclutó a los menores, algunos de ellos, de menos de 16 años, para que ejecuten los asesinatos. Les pagaron entre 200 y 400 mil pesos.
DG de 15 años, inimputable, fue quien gatilló contra el taxista Héctor Figueroa y el playero Busaniche quedando su imagen estampada en las cámaras de seguridad de la estación de servicio.
Las huellas de Alvarado se sugirieron cuando el fiscal Spelta contó que querían que el asesino del playero se autoincrimine y se vincule con Brandon Bay y Fernando Morel, dos pandilleros que vendían droga para Los Monos, banda enemiga de Alvarado. El recurso no es nuevo: en su juicio quedaron expuestas varias maniobras para orientar las investigaciones contra el clan Cantero.
Helaba la sangre escuchar los testimonios que recolectaron los fiscales durante la investigación. Los sicarios más chicos organizaban los asesinatos entre gaseosas y alfajores. Al momento de asesinar al segundo taxista, Diego Celentano, se dieron coraje «vamos a hacer lo que vinimos a hacer», se dijeron.
Tras el crimen de los taxistas, los sicarios se fueron al shopping Alto Rosario a gastar en zapatillas los 200 y 300 mil pesos que cobraron. En ambos hechos, habían perdido uno de los calzados en la huida, que comentaron entre risas, según reconstruyeron los investigadores.
Sin embargo, un hecho fortuito le impidió al chico D.G., cobrar el asesinato de Busaniche. Días después del crimen, fue a comprar las gaseosas y alfajores con una moto de Gustavo Márquez y se cruzó con un operativo policial donde le secuestraron el vehículo. Márquez le retuvo los 400 mil pesos que D.G. había ganado con el homicidio del playero en otro eslabón de miseria donde todo vale nada.
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