Alberto Fernández sobre el Poder Judicial: «Parece vivir en los márgenes del sistema republicano»

«El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único que pareciera vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado paga el impuesto a las ganancias», empezó diciendo Alberto Fernández, ya promediando su alocución, en la parte de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias que le dedicó al estado actual del servicio de justicia. Además del duro diagnóstico sobre su situación, adelantó el envío de varios proyectos de ley para empezar a modificarla.

Sobre la Corte Suprema, señaló que «en el caso de sus miembros, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone».

Sin nombrarlo por su nombre, también citó el escandaloso caso del fiscal Carlos Stornelli. «En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica la doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación», en referencia a la conocida como «Doctrina Irurzun», elaborada por el cuestionado camarista. En este tramo se permitió una ironía: «Stornelli no es un caso de poder residual sino de poder actual».

También se refirió al lowfare: «Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y montar extorsiones. Todo se sabe y todo sigue pasando como si nada se supiera.»

«Se detectó la visita del presidente de la Casación al entonces presidente Macri, días antes de dictar sentencia contra quienes eran sus opositores políticos» aseguró en referencia a la denuncia contra el juez Hornos. Además resaltó que «hubo decisiones judiciales llamativas como el otorgamiento de un per saltum por la situación de dos jueces ignotos», en relación a la intervención de la Corte Suprema en el caso de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. «Todas estas dudas que se mezclan con otras me obligan a reflexionar sin tapujos sobre cómo está funcionando la institución judicial», redondeó.

Los proyectos de ley en marcha

Ante el panorama sobre la justicia que acababa de trazar, el presidente señaló que «con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, pido al Congreso con muchísimo respeto que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. No para interferir en sus funciones sino para que se cumpla el rol que han asumido».

En ese sentido,  agregó que «la Cámara baja tiene un proyecto de ley vinculado a la selección del titular del Ministerio Público. Sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todas a ese organismo». También reclamó por el pronto tratamiento de la Reforma de la Justicia Federal, que ya tiene media sanción del Senado.

Además, adelantó que en el transcurso de este año enviará un proyecto de ley para cambiar «el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema» y propondrá reformas «para establecer la exacta competencia del máximo órgano judicial». Entre ellas, «un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del código de procedimiento civil y comercial», utilizado por ese tribunal para no dar explicaciones sobre la mayoría de sus decisiones.

«Enviaré un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura como órgano que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Debemos despolitizar ese ámbito para que los más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos ni favores que devolver», indicó.

También señaló que consultará con los gobernadores para «promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar únicamente por vía del recurso extraordinario», quitándole a la Corte Suprema algunas de las prerrogativas no constitucionales de las que se fue apropiando con el tiempo.

Finalmente, agregó que propiciará «el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal».

«En esta hora histórica urge reinstalar la confianza en la Justicia. Terminemos con las condenas o absoluciones dictadas en función de una preferencia o presión de factores de poder», culminó Alberto Fernández la parte de su discurso sobre el Poder Judicial

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